La enmienda Palacio

Una vez el pleno del PE hubo examinado el Informe Di Pietro y votado las diversas enmiendas, llegó el momento de redactar la Resolución Legislativa. En el caso que nos ocupa, el PE aprobó el proyecto de Convenio, se pidió al Consejo que modifique la propuesta según las enmiendas aprobadas y solicitó ser consultado de nuevo caso de que dicho Convenio fuese sustancialmente modificado en el futuro. Pero como novedad, en esta Resolución Legislativa se introdujeron dos puntos adicionales. En uno de ellos, se solicita al Consejo que regule adecuadamente el tema de las videoconferencias (tema objeto del Artículo 10 del Convenio). El segundo, a mi entender, compite en importancia con la enmienda que suprime el artículo 18. Si tienes, lector, un rotulador a mano, subraya lo que sigue:

Lee de nuevo, lector, porque creo que este puede ser el párrafo más relevante de toda la actuación del PE en el presente borrador de Convenio. Me explico. A excepción de algunos inconformistas, creo que la mayoría de nosotros reconocemos la necesidad de que las fuerzas policiales puedan realizar su trabajo en el ciberespacio. A nadie le hará mucha gracia que le estafen en una subasta electrónica fraudulenta, que la cibertienda no cumpla sus compromisos o que tras el escudo de las fronteras nacionales se abogue por el terrorismo o la pornografía infantil (como padre de un niño de dos años, esto último me parece especialmente repugnante).

Por otro lado, tampoco resulta deseable la firma de una "carta blanca" a las autoridades policiales. No necesito dar ejemplos de lo que ha ocurrido en el pasado cuando la policía recibe poderes desproporcionados. Incluso ahora hay ejemplos, y no necesariamente en repúblicas bananeras. Cuando el FBI pidió al Congreso norteamericano la aprobación de la ley CALEA (Communications Assistance to Law Enforcement Act), argumentó que lo único que se buscaba era conservar las mismas capacidades de intervención -existentes hasta entonces- para las nuevas formas de comunicaciones, especialmente telefonía móvil digital. Y por ese motivo el Congreso dio su aprobación. Pero desde entonces hasta ahora, la ley CALEA ha permitido al FBI aumentar enormemente sus capacidades de interceptación, mucho más allá de lo que se argumentó en un principio.

Salvando las distancias, parece que se esté dando un proceso paralelo en Europa. Según el Observatorio Legislativo (dependiente de la División DG1 del PE y que sigue el desarrollo de los procedimientos legales en la Unión), la propuesta inicial de la resolución "Interceptación legal de las telecomunicaciones con relación a las nuevas tecnologías", más conocida como Enfopol 98 y posteriormente Enfopol 19, tenía como objetivo "hacer ciertas revisiones técnicas a la resolución del Consejo de 17 Enero 1998 sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones" Según ello, la nueva resolución "propone una serie de medidas para extender las disposiciones de la Resolución del Consejo de 17 Enero 1995... para cubrir nuevas formas de telecomunicaciones para cubrir nuevas formas de telecomunicaciones basadas en nuevas tecnologías de la información"

El ejemplo del gran primo norteamericano nos indica los peligros inherentes a autorizar una extensión de poderes bajo el escudo de meras "revisiones técnicas." Es precisamente así como dichas "revisiones técnicas" fueron defendidas por diversos gobiernos tras la aprobación de la "resolución Enfopol" el 7 de Mayo de 1999 por el PE. Véase, como ejemplo, la nota de prensa del gobierno alemán de fecha 20 Mayo 1999.

Por supuesto, también se argumentó que las resoluciones Enfopol (tanto la de 1999 como su tocaya de 1995) no son vinculantes. Pero precisamente por eso se hace necesaria una codificación en texto legal, vinculante, de las interceptaciones de telecomunicaciones por parte de las autoridades judiciales/policiales en el seno de la Unión Europea. La única norma legal que circula de momento al respecto es el propio Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Panel, y es el motivo por que que yo llevo varios meses informándome y escribiendo sobre tal Convenio ... y tú, amable lector, estás leyendo información sobre el Convenio por tal motivo. Pero, como habrás visto si te has leído el borrador inicial del Convenio, la interceptación de las telecomunicaciones se trata como un punto más en un conjunto de medidas sobre asistencia mutua judicial. Sin embargo, ¿dónde está la "letra pequeña"? ¿Dónde se establecen límites a cómo y de qué forma efectuar dichas escuchas? ¿Dónde quedan las garantías jurídicas y la protección de los derechos fundamentales?

El Convenio sobre Asistencia Judicial no es un convenio sobre intervenciones de comunicaciones. Sería deseable un texto legal a nivel de la Unión que resuelva estas cuestiones de una vez por todas. Un texto vinculante que establezca dónde acaban los poderes policiales y dónde comienzan los derechos de las personas. Es algo que se ha hecho con cualquier tipo de intervención de las autoridades, sea en registros domésticos, arrestos, violaciones de correspondencia, requisa de bienes o cualquier otro aspecto de las relaciones policía/ciudadano (en última instancia, de las relaciones gobernantes/gobernados).

Por ello es igualmente necesario dotar a las fuerzas policiales de los instrumentos necesarios para la persecución de delitos y proteger a los ciudadanos contra el uso arbitrario o indiscriminado de tales instrumentos. El presente Convenio cumple el primer proposito; la enmienda 78, enunciada anteriormente en negrita, el segundo. El europarlamentario que propuso dicha enmienda (aprobada por el PE) merece, en mi opinión, el máximo reconocimiento por una labor en pro de la protección de los derechos de los ciudadanos. Nos cabe el honor de que es un europarlamentario español: la diputada del Grupo PPE Ana Palacio del Vallelersundi. Mis saludos, señora diputada.


Hablemos del debate

Mi presente Informe no sería completo si no añadiese al menos algunas líneas al debate desarrollado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. En primer lugar, la situación es muy distinta respecto a la sesión del 7 de Mayo de 1999 en la que se aprobó la resolución Enfopol 19. En aquel entonces, la votación se llevó a cabo el último día del período de sesiones del PE correspondiente a la 4ª Legislatura, cuando la mayoría de los diputados se hallaban a punto de iniciar sus campañas electorales o simplemente regresando a casa (el 7 de Mayo de 1999 fue viernes). En tales circunstancias, que el 25% de los diputados estuviese presente para la votación parece una cifra alta ... y me pregunto cuántas de esas personas tenían una idea clara de lo que estaban votando (hubo honrosas excepciones, como la diputada McKenna, única en hablar abiertamente en contra de la Resolución durante el intervalo de debates).

Por contra, los diputados europeos han tenido la posibilidad de estudiar el Informe Di Pietro con tranquilidad y, creo, con mucha más información sobre sus repercusiones. Yo mismo, en una actuación de mi Zona Enfopol, propuse diversas campañas de envío de mensajes a los eurodiputados con el propósito fundamental de que, al menos, supiesen lo que se avecinaba. Creo que en ese sentido obtuve cierto éxito. Por supuesto, no soy tan soberbio como para creer que fui el único ciudadano de la Unión Europea que hizo algo al respecto; simplemente, carezco de información fiable sobre otras actuaciones similares por parte de entidades o individuos. Lo que sí resulta innegable es que durante los últimos meses el tema de Enfopol (y la polémica "Gran Hermano" en general) ha sido tema de prensa en múltiples ocasiones.

El caso es que los eurodiputados tenían más conocimientos del tema que en 1999, y algunos de ellos tenían las ideas muy claras. Varios de ellos se cuidaron en hacérmelo saber, ofreciéndome incluso diversa documentación y agradeciendo el interés. El ponente Di Pietro y el presidente de la comisión LIBE (señor Watson), por ejemplo, colaboraron con todas mis solicitudes de información. Encima de mi mesa tengo un buen paquete de documentos, recibidos por correo por cortesía de la eurodiputada Ana Terrón i Cusí; y sé que no he sido el único en recibirlos. Gracias.

También los debates de la sesión plenaria del PE refleja el interés de diversos diputados. Por desgracia, dichos debates no han sido traducidos todavía, por lo que me basaré en las intervenciones en los idiomas que conozco y en un Comunicado de Prensa del propio PE (El convenio de cooperación judicial penal es mejorable, 17-02-2000):

Aunque hubo más intervenciones en el debate, habrá que esperar como dije a su traducción. Pero dos cosas se ven claramente. Por un lado, el reconocimiento de los diputados sobre lo peliagudo que resulta el tema de las intervenciones de comunicaciones, tema que no debe tratarse a la ligera. Por otro lado, se aprecia una cierta afinidad entre el PE y la Comisión. ¿Querrán recuperar protagonismo, y no verse reducidos a meros refrendadores?


Y ahora, ¿qué?

El Parlamento Europeo ya ha cumplido. Ahora es el Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) el que debe "mover ficha" Estrictamente hablando, el Consejo puede "pasar" en esta jugada, ya que el dictamen del Parlamento Europeo es obligatorio pero no vinculante. En teoría, el Consejo puede por tanto hacer caso omiso del PE y, de hecho, de quien les de la santa gana.

Pero eso no sería sin un cierto coste. Por un lado, el Consejo JAI afirma tomar medidas como el Convenio por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, pero ¿acaso no quedarán tales intenciones en entredicho si hacen caso omiso del dictamen aprobado por la cámara de representación parlamentaria de los ciudadanos europeos? Resulta evidente que el Consejo pondría en juego su credibilidad si decide actuar así. En segundo lugar, el Convenio ha de ser refrendado por los parlamentos nacionales. Dichos parlamentos no pueden modificar ni una coma, sino que se trata de lentejas: o las tomas, o las dejas. En ese momento, no dudo que los partidos políticos representados en el PE tendrán en cuenta lo sucedido hasta entonces. Especialmente, si diversas moscas incordiantes (diría otra cosa, pero soy educado) como el que suscribe y otros no dejan de recordarlo.

El próximo 23 de Marzo, el Consejo de Ministros JAI se reune para, entre otras cosas, ver qué hace al respecto del Convenio. Uno de los puntos del orden del día es el examen de la opinión del PE. Por desgracia, el Consejo es la antítesis respecto al PE en lo que respecta a transparencia informativa. Pero no me cabe duda de que su decisión levantará comentarios, y muchos ojos estarán pendientes de lo que decidan.

Creo que los días de decisiones fáciles y sin oposición tocan a su fin. La Comisión y el Parlamento Europeos parecen tomar conciencia de la necesidad de jugar su propio papel, y comienzan a ponerse las pilas (una semana después de los debates que aquí narro, las comisiones JURI y LIBE del PE abrieron una audiencia sobre protección de datos, que incluía menciones explícitas al sistema Echelon). Cada vez más medios de comunicación dedican su atención al tema, a juzgar tanto por los titulares de prensa como por las peticiones de información que recibo. ¿Se estará alejando el espectro de Orwell de nuestro continente? Por mi parte creo que sí, aunque queda por ver si se trata de una huída o de un simple reagrupamiento. Cuando menos, parece que la apisonadora enfopolesca está recibiendo unas cuantas sacudidas.

Es doce de marzo. En el momento en que escribo estas líneas, muchos de mis conciudadanos van a las urnas. Votamos tranquila y libremente, con cabinas que aseguran la confidencialidad, interventores que vigilan el buen funcionamiento del proceso y policías que velan por la seguridad de todos. Ahora me voy a comer, y oiré en el informativo el consabido comentario de que "la normalidad es la tónica dominante." Yo deseo que mi hijo viva en un futuro en el que el ciberespacio comparta esa tranquila normalidad, la que proviene no del uso excesivo de la fuerza sino de su correcta y justa aplicación. Deseo que el futuro de mi hijo sea uno en el que Enfopol y sus primos suenen tan fuera de lugar como aquellos tiempos en los que la destrucción de urnas, la violencia, la corrupción y el caciquismo eran la tónica dominante. Y deseo que me pregunte cosas del tipo "papá, cuéntame aquello que hiciste cuando el Consejo Europeo quería aprobar no sé qué..." Le voy a contar unas batallitas que se va a enterar de lo que vale un peine.

Para eso están los padres.

Actualización: una de cal y una de arena 25 Abril 2000

 

Un mes después de la redacción del presente Informe, conviene introducir una actualización. En este mes pasado han sucedido muchas cosas. Para comenzar, ya están disponibles en la Red los debates del Parlamento Europeo sobre el Convenio, sesión de 17 Febrero, en versión traducida al castellano: http://www.europarl.eu.int/dg7/cre/mi2/20000218ES.pdf. Esto nos permite completar la opinión de los europarlamentarios sobre el tema, lo cual no deja de ser interesante, aunque sea por mor de complitud. He aquí, de todos modos, un resumen representativo.

La mayoría, por no decir, todas las intervenciones ponían la llaga en un dilema fundamental: por un lado, aumentar la cooperación policial para evitar que la Europa sin fronteras sea utilizada por los elementos criminales para su beneficio; por otro lado, asegurar los derechos de los ciudadanos y protegerlos contra abusos, reales o potenciales, por parte de nuestros guardianes. También se hace un elogio casi unánime a la excelente labor llevada a cabo por el ponente Di Pietro.

Casi todos los intervinientes apoyan las modificaciones hechas al Convenio, aunque con matices. Angelilli declaró la intención de su grupo de votar en contra del Informe (Di Pietro) por creer que no contribuye a una Europa de los derechos y de las garantías, a pesar de la introducción de diversas enmiendas correctivas. Dell´Alba, de la Lista Bonino, también se opuso por considerar que se debería haber rechazado el Convenio y solicitado otro al Consejo. Palabras proféticas las suyas: confiamos en que las enmiendas que, en todo caso, mejorarán el texto, sean aceptadas -lo dudamos pero lo esperamos- por el Consejo.

El artículo 18 se lleva el premio al artículo más odiado. Di Lello Finuoli y su grupo aplauden la enmienda 78, que reclama un acto normativo para regular la intercepción de las comunicaciones. Paciotti -como ya comenté en el cuerpo del Informe- sugiere los riesgos del Gran Hermano. McKenna dispara: no sólo [el artículo 18] debe ser eliminado, sino que además debería desecharse todo el capítulo de las escuchas telefónicas. Los diputados Alavanos y Blokland aprueban asimismo la supresión del artículo 18, si bien a este último dicha supresión le parece comprensible aunque excesivamente rigurosa. Ilka Schöder afirma en nombre de su grupo que votarán en contra del informe porque permitiría establecer la base jurídica necesaria para que se realicen operaciones de escucha telefónica a gran escala en la UE. Eso significa dotar de total legalidad a un sistema de escuchas europeo, semejante a la operación de espionaje transatlántica "Echelon"

Hay algunas intervenciones dignas de mención. El eurodiputado holandés Buitenweg critica el hecho de que el borrador original del Convenio quebrante el principio de proporcionalidad (entre la gravedad del delito y los medios para combatirlo): por tanto, no es inconcebible que la Unión Europea acabe matando mosquitos a cañonazos y que los derechos de los ciudadanos se esfumen en el humo de la pólvora. Alavanos afirma con sorna: ¿Qué he comprendido yo al leer los textos? Que es peligroso confiar en las regulaciones del Consejo

Realmente, leer las intervenciones de los eurodiputados acerca del Convenio me reafirma en una idea: sin la inclusión del Título III (y MUY especialmente del artículo 18), el Convenio ya habría sido aprobado hace tiempo ... y el general Pinochet disfrutaría en estos momentos de una residencia muy distinta a la actual. Es una lástima que el empeño del Consejo por legalizar las interceptaciones de comunicaciones haya bloqueado la aprobación de un Convenio que, por otra parte -y salvo ciertos detalles-, podría contribuir realmente a mejorar nuestra calidad de vida al permitir una más eficaz lucha contra el crimen. En fin, qué le vamos a hacer.

Un último detalle, antes de continuar. Parece ser que el "fantasma del Gran Hermano" (Paciotti dixit) ha calado en la comisión LIBE del Parlamento Europeo. Durante la semana siguiente a la de discusión del Convenio, dicha comisión abrió una audiencia sobre protección de datos, la cual incluía menciones explícitas sobre el sistema Echelon. En la actualidad, prepara una Propuesta de Resolución al respecto para ser sometida al pleno del PE. Y hace tan sólo unos días (13 Abril) consiguió que se crease una comisión temporal de investigación sobre Echelon. Desde luego, el señor Watson preside una comisión de lo más peleona. Y que le cunda. Por mi parte, le deseo lo mejor.