"ReDCE núm. 36. Julio-Diciembre de 2021"
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Resistir a la austeridad significa «raising awareness about political alternatives [to austerity] and […] reinforcing constitutional standards as guidelines as to how to overcome a crisis situation» (p. 18). El libro aquí recensionado se presenta al lector como una “investigación” acerca de los modos de oposición a la austeridad, empleando una metodología jurídica que supera las fronteras típicamente positivistas y abre el camino a las importantes aportaciones de la sociología y la ciencia política. Sin embargo, conforme se avanza en la lectura de esta obra, es evidente que supone, en sí misma, una herramienta conceptual que pone en cuestión la austeridad. Más allá de su propósito analítico (desarrollado por los autores de forma meticulosa), “Contesting austerity: a socio-legal inquiry” cumple una función social que raramente se manifiesta con tanta evidencia en las investigaciones propias del Derecho. En efecto, el libro encierra entre sus páginas un destacado potencial transformador (al erigirse en voz social de oposición a la austeridad, concretamente desde la academia), cumpliendo así la deuda que toda obra científica mantiene con la sociedad.
En el capítulo introductorio se explica la ––impecable–– lógica subyacente a la división del libro en cuatro partes (pp. 12-19). Los editores, a la vez que abren la curiosidad del lector, aclaran cómo esta obra desciende gradualmente desde el terreno del deber ser al campo de la realidad empírica o al caso concreto. Así, una vez establecida la metodología común (capítulo uno), la Parte I (capítulos dos a cinco) desarrolla la dimensión conceptual de la contra-austeridad. Se analiza, en particular, el paradigma político (“hegemónico”) en el cual se gestó esta narrativa económica dominante, es decir, el pensamiento liberal, cuyas premisas implícitas y explícitas se analizan críticamente por Martin Nonhoff, a la vez que se propone la adhesión teórica a la “radical democracy”. Se estudian, asimismo, el sistema institucional de la Unión Europea y las distintas teorías constitucionales que lo explican (incidiendo su autor, Miguel Azpitarte, en las transformaciones producidas a raíz de la crisis financiera); una nueva conceptualización de la (des-)“politización” sugerida por Marius Hildebrand y la explicación del proceso europeo de la última década desde la óptica de una (relativamente) novedosa teoría política de la integración, denominada “Integration-through-crisis” (Nicole Scicluna).
Las Partes II y III estudian dos canales concretos de resistencia a la austeridad. Al primero de ellos, la litigación ––procedimiento clásico del Derecho [1]––, se añade una amplia indagación en la actividad de las organizaciones sindicales y movimientos sociales [2]. El primero de los cauces mencionados sitúa a los tribunales (constitucionales) como actores institucionales esenciales. El segundo, a pesar de integrar también a los tribunales de justicia como vía de impugnación, atiende a la capacidad de los propios sindicatos para defender, a través de la presión social, el pacto capital-trabajo consagrado en las constituciones europeas de posguerra; un pacto que ha venido debilitándose considerablemente desde los años ochenta. Por último, la Parte IV abarca sectores de la población presumiblemente carentes de recursos para contestar la austeridad, sea por la ausencia de medios materiales, sea por la desatención sistémica perpetuada por las propias políticas de austeridad, aplicadas a un mundo declaradamente neoliberal. Se atiende, en esencia, a tres criterios de marginalización sociopolítica: recursos económicos o pobreza (capítulo quince, Akritas Kaidatzis), género (capítulo dieciséis, Nuria Pumar) y edad (capítulo diecisiete, Pau Marí-Klose y Francisco Javier Moreno-Fuentes).
El título aclara desde el primer momento la premisa sobre la cual se sustenta el análisis teórico desarrollado por los veintiún autores (y coautores), y engloba sin lugar a duda una sólida dimensión normativa: la necesidad de combatir la narrativa político-económica dominante en el terreno europeo a partir de la crisis económica y financiera de 2008. Desde esta perspectiva, la obra se sitúa críticamente frente a la austeridad, definida en el capítulo introductorio (Anuscheh Farahat y Xabier Arzoz) en los términos propuestos por Mark Blyth en su estudio pionero “Austerity: The History of a Dangerous Idea” (2013), como «deflación voluntaria». Resulta también ilustrativa la definición de la austeridad de Miguel Azpitarte, como un «experimento constitucional»: «for the first time, democratic institutions became accustomed to making decisions that led directly to a net impoverishment of the population» (p. 43).
Sin embargo, la oposición a la austeridad no se fundamenta en una defensa ideológica propia de las corrientes políticas de izquierda. Al contrario, a fin de ser capaces de “Taking social rights seriously” [3] en el contexto de la austeridad, es necesario volver a reflexionar sobre las promesas constitucionales del Estado social, aplastadas por la narrativa del «there is no alternative». La resistencia analizada ––y desarrollada–– en el libro no se dirige, por tanto, a la austeridad en el sentido de “policy”, sino a la misma ausencia de alternativas políticas, afectando profundamente un valor vertebrador de las sociedades democráticas, esto es, el pluralismo. Destaca la imposición de este dogma a los llamados Estados deudores: «the 'new governance of “packs and pacts”' imposed on so-called debtor state has reduced the political leeway for market-correcting policies at the nation-state level» (p. 2). En este sentido, es oportuno preguntarse si la austeridad ha traído consigo una efectiva deriva autoritaria de la gobernanza económica europea, en la cual el Banco Central Europeo ocuparía un lugar central: «the ECB was instrumental in pressuring Greece and Cyprus into accepting conditionality-linked bailouts, while also using the implied threat of withdrawing liquidity support to push for major social policy reforms in Italy» (p. 86). Potencialmente autoritaria, por definición externa al circuito democrático, la labor del BCE en la gestión de las sucesivas crisis europeas presenta evidentes efectos redistributivos (pp. 47, 86), compensando la ausencia ––cada vez más insostenible–– de una sólida vertiente político-económica de la eurozona.
Ciertamente, es un hecho comúnmente aceptado que la crisis del 2008 se define como una crisis “multifacética” (p. 3), dado el “spillover” desde lo económico a lo político (crisis de la representación o, dando un paso más y de acuerdo con Martin Nonhoff, crisis del propio pensamiento liberal y de las teorías de la justicia) y, finalmente, a lo moral. En este sentido, la segregación de los países europeos según el criterio del «deservingness» ––y la consecuente ausencia de corresponsabilidad–– queda subrayado por varios de los participantes en esta obra conjunta (pp. 6, 19, 44, 51, 76, 93, 318). Merece la pena destacar aquí la reveladora aportación de Marius Hildebrand en la cual se demuestra cómo los medios de comunicación (fundamentalmente la prensa) han influido en la creación y mantenimiento de la dicotomía hegemónica «Estado merecedor/indigno».
En definitiva, la razón esencial que justifica impugnar la austeridad se encuentra en el hecho de que este paradigma impide ver ––política y jurídicamente–– la propia existencia del conflicto social, inherente al Derecho constitucional y a la democracia. O, dicho en otras palabras, el conflicto se «reconfigura» y así, a la vez que se nacionaliza (en vez de supranacionalizarse), se desvanece su carácter esencialmente político en la apariencia moral impulsada por los Estados-acreedores (p. 44).
En este sentido, y a pesar de su amplio número de capítulos (diecisiete), debo señalar que su hilo conductor resalta desde el primer acercamiento a la obra. Las consideraciones metodológicas enunciadas en el capítulo introductorio esclarecen el objeto específico de investigación. Más allá de la indagación acerca de los distintos canales de resistencia (institucionales y extrainstitucionales) o actores (jurídicos, políticos y sociales), el propósito final del libro consiste en evaluar la interrelación de todos ellos desde una macroperspectiva (transnacional), descubriendo así cuál ha sido «the integrative potential of constitutional orders during the eurozone crisis» (p. 11). Este objetivo requiere atender brevemente a las premisas metodológicas de la obra.
Se parte, concretamente, del entendimiento del conflicto como eje (des)integrador que sostiene la legitimidad de la norma constitucional. De manera que la resistencia a la austeridad sería intrínsecamente capaz de «unleash the integrative potential of social conflicts» (p. 16), especialmente a través de los tribunales constitucionales, cuya oposición ––a fin de influir eficazmente en la estructura democrática–– debería internalizarse por el resto de los actores sociales y políticos. En otras palabras, se asume, metodológicamente, la capacidad de las cortes constitucionales de canalizar reflexivamente el riesgo desintegrador inherente a los conflictos sociales transnacionales. Lo dicho se sustenta asimismo en la necesidad de apertura ––típicamente «hesseniana»–– de la Constitución que, a su vez, crea el camino para la intervención interpretativa de la jurisdicción constitucional (pp. 7-10). Solo así los tribunales con funciones constitucionales podrían mantener su lugar privilegiado en la dinámica democrática de resistencia a la austeridad (así como en la estructura del libro, Parte II: “Austerity Measures under European and National Judicial Review”). En efecto, podría argumentarse que este mismo lugar privilegiado podría conducir a estrategias jurisdiccionales que favorezcan la preservación del “status quo” sociopolítico y la consiguiente exclusión social por razones económicas:
Esta idea, defendida en el libro por Akritas Kaidatzis, implica no obstante usar una falsa dicotomía de partida en la adjudicación constitucional de las categorías de clase media/clase pobre. Por otra parte, aunque es cierto que el Derecho positivo puede favorecer el mantenimiento del “status quo”, el autor omite demostrar el vínculo causal entre la tutela judicial efectiva de los ciudadanos afectados por los recortes fiscales y la marginalización jurisdiccional intencional de la clase pobre, más allá de asumir que los presupuestos del Estado son limitados y ––como algún lector podría observar, en cierto espíritu neoliberal–– que «[in times of crisis] priorities need to be set and (hard) choices made» (p. 291).
El último elemento metodológico por destacar se refiere al espacio político natural del conflicto, definido según los editores como «transnacional»: «the crisis revealed a multiplicity of political conflicts in terms of the distribution of costs and benefits built into a highly interdependent transnational polity» (p. 3). En efecto, la dimensión transnacional es un elemento vital en la obra analizada. Prueba de ello es, además, el proyecto de investigación en el marco del cual se enmarca este libro, “Transnational Solidarity Conflicts in Europe”, dirigido por Anuscheh Farahat [4]. A pesar de indicar con éxito la naturaleza efectivamente transnacional de las crisis financiera y sanitaria actual, tal terminología mantiene en el libro recensionado una cierta ambigüedad que dificulta captar plenamente la intención originaria de los editores, dado el amplio bagaje conceptual de la palabra.
Por otro lado, hablar de los conflictos transnacionales desde la perspectiva de la «solidaridad» plantea la exigencia de especificar una definición mínima del concepto. Así, superando el oxímoron de la «solidaridad condicional» propuesto por la doctrina constitucional en tiempos de austeridad (pp. 1, 115) ––dicho sea de paso, el paradigma económico neoclásico mantiene también una importante responsabilidad en cuanto a la existencia presuntamente coherente de este término––, la contribución de Ana Bobić resulta significativa [“(Re)Turning to Solidarity EU Economic Governance: A Normative Proposal”]. Su propuesta se centra en el papel del individuo en un contexto transnacional, renunciando a la “autonomía presupuestaria de los Estados miembros” como posible criterio de solución de los conflictos de solidaridad: «the insular view of each Member State concerning budgetary sovereignty prevents austerity conflicts among different societal interests to be resolved transnationally, taking into account the interdependence of the euro area» (p. 123). De manera que el principio de solidaridad, interpretado a su vez de acuerdo con el principio de igualdad de los Estados miembros, se materializaría en las asistencias financieras entre Estados miembros «not simply [as a] handout, but an investment in the prosperity of the euro area and all its members» (p. 123).
No obstante, esta propuesta normativa se asienta sobre la convicción tácita ligada a la capacidad reflexiva del proceso de integración para corregir sus propias incoherencias y alcanzar una solidaridad “de facto”, sobre la base de un «shared project» (p. 124). Por otro lado, el Derecho positivo de la Unión y su interpretación por el Tribunal de Justicia a lo largo de las distintas crisis europeas demuestra el reducido espacio existente para el ciudadano, más allá de sus libertades y derechos económicos. Prueba de lo anterior son las escasas vías procedimentales de impugnación individual de la austeridad, perspicazmente resaltadas por Carlos Aymerich (“Challanging austerity before European Courts”).
En su conjunto, el libro supone, en cierta medida, un análisis del pasado. Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, existen indicios suficientes para pensar que «austerity is no longer the only game in town» (p. 94). Sin embargo, es uno de esos pocos libros que, a pesar de examinar el pasado, apunta a desarrollos prometedores para el futuro. En este sentido, la obra ofrece una aportación esencial tanto a la sociedad, en sentido amplio, como a la comunidad científica, para reflexionar y reaccionar a cualquier narrativa hegemónica que pretenda anular el pluralismo social y rechazar la relevancia central del conflicto. Es una lectura altamente recomendable para el que esté dispuesto a entender que los conflictos difícilmente podrían reducirse solo al marco nacional, resolverse exclusivamente por el poder estatal y desatar su potencial integrador en ausencia de una solidaridad transnacional real.
Resumen: En este texto se lleva a cabo una breve presentación del libro anunciado en el título y se avanzan algunos de sus argumentos destacados. Se subraya asimismo el potencial transformador de la obra.
Palabras claves: Austeridad; resistencia; democracia; integración social; politización; tribunales constitucionales; organizaciones sindicales; derechos sociales.
Abstract: This text provides a brief overview of the book announced in the title and gives an account of some of its main arguments. It also draws attention to the transformative potential of the volume.
Key words: Austerity; Resistance; Democracy; Social Integration; Politicisation; Constitutional Courts; Trade Unions; Social Rights.
Recibido: 22 de noviembre de 2021
Aceptado: 15 de diciembre de 2021
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[1] Parte II, véanse los capítulos seis a diez (Carlos Aymerich, Ana Bobić, Elisavet Lampropoulou, Juli Ponce, Teresa Violante).
[2] Parte III, véanse los capítulos once a catorce (K.D. Edwig, Hermes Augusto Costa, Julia López López y Sergio Canalda Criado, Consuelo Chacartegui y Xabier Arzoz).
[3] Véase el capítulo siete de Juli Ponce: “Taking Social Rights Seriously? The case of Spain” (pp. 153-172).
[4] Así como su reciente monografía, Transnationale Solidaritätskonflikte Eine vergleichende Analyse verfassungsgerichtlicher Konfliktbearbeitung in der Eurokrise , Jus Publicum 298-Mohr Siebeck, 2021.
