1. Breve experiencia indígena en la política

Recordemos sintéticamente algunas de estas experiencias del movimiento indígena en la política, que a lo largo de la vida republicana adquirieron el tono autonomista y en otros casos de participación política.
 

1.1. El movimiento de los Apoderados Generales

La Ley de Exvinculación, dictada por el gobierno de Frías en 1874, sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del aillu por la propiedad individual. En otras palabras, se declaraba legalmente la extinción del aillu y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales.

Para las poblaciones indígenas andinas, fue un golpe duro, pues el Estado boliviano pretendía destruir la estructura y la organización del aillu mediante un decreto. Como consecuencia de la aplicación de la citada Ley de Exvinculación, se desató el más importante proceso de expropiación de tierras comunales de la historia republicana, implementado a través de la Revisita General de tierras, del año 1881.

Frente a esta política estatal anti-indígena, alrededor de 1880 se constituye un movimiento indígena, denominado los Apoderados Generales, que estaba conformado por autoridades originarias como Jilacatas, Mama jilacatas, Jilanqus, Mallkus, Mama mallkus, Curacas, etc. de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego Cari Cari fueron sus primeros representantes. Las principales funciones de estos Apoderados Generales fueron las de representar a las markas, aillus y comunidades indígenas frente al Estado, debido a la prohibición de la Ley de Exvinculación de reconocer jurídicamente a las autoridades tradicionales.

El resultado de esta masiva oposición y resistencia indígena fueron, en primer lugar, la suspensión de la revisita general de tierras por parte del gobierno y, en segundo lugar, la exención de las comunidades originarias de la revisita. Por lo que las tierras de los aillus y comunidades originarias, que habían sido compradas de la Corona de España en la época colonial mediante títulos de composición y venta, comenzaron a tener vigencia.

Sin embargo, en la medida que continuaban en la lucha, iban logrando las reivindicaciones más inmediatas; pero también comenzaban a rebasar los marcos coyunturales de la lucha, pasando a otra etapa, donde se configuraba claramente el poder de los aillus y comunidades, quienes comenzaban a plantear el derecho a la autonomía. Dentro de este panorama de convulsión social se ubica el desacato a las autoridades superiores y subalternos, propugnado por los Apoderados Generales. 

En sentencia dictada el 24 de septiembre de 1889, en favor de los indígenas acusados de promover y participar en la rebelión de Charcas, el corregidor de Achocalla declaraba haber averiguado que los Apoderados Generales habrían indicado "que el presidente era otro". Esta afirmación no sólo se puede interpretar como una negación al presidente de entonces, sino también como un intento de suplantación de Arce por un presidente indígena. Si fue así, ¿quién fue ese presidente indígena?, ¿tal vez uno de los Apoderados Generales de entonces? (ALP/FP, 1880-1890). 

Con estos antecedentes, aunque existen muy pocas investigaciones específicas, la formación del primer gobierno indígena en Peñas (Oruro), alrededor de 1900, encabezado por Juan Lero y sus ministros, no fue una casualidad del momento, sino una consecuencia de una etapa de fuerte convicción indígena de buscar su autogobierno.
 

1.2. El movimiento de los Caciques Apoderados

Después de la derrota del movimiento de los Apoderados Generales, encabezado por Pablo Zárate Willka, Juan Lero y otros (1900), alrededor de 1912 continúa el movimiento indígena en su lucha, ahora liderados por la red de los Caciques Apoderados de los aillus y comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, quienes emprendieron una prolongada lucha legal, hasta 1952, en demanda de la restitución de las tierras comunales, usurpadas por las haciendas. Esta segunda etapa de lucha fue calificada por investigadores como Silvia Rivera, de reivindicación por la "soberanía comunal" y "por la ciudadanía". Aparecen como figuras visibles de este movimiento Santos Marka T'ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano Condori y muchos otros.

Una de las estrategias de los Caciques Apoderados fue la búsqueda de los títulos coloniales para lograr la aplicación de la Ley del 23 de noviembre de 1883, por la que los aillus y comunidades originarias que habían logrado consolidar sus tierras a título oneroso, mediante "composiciones de tierra" durante el período colonial, quedaban excluidas de la revisita de 1881.

La recuperación de los títulos coloniales de composición y venta otorgados por la Corona de España llevó a los Caciques Apoderados a su real interpretación, por la que se buscó la recuperación de las demarcaciones originales de sus aillus, lo que significó serios enfrentamientos con la casta dominante.

El eje de los conflictos entre la sociedad indígena y la sociedad criolla dominante era el problema del territorio: no meramente como medio de producción, sino como el territorio del aillu y la comunidad considerado en su conjunto. Vale decir, desde el espacio productivo y social, hasta los espacios sagrados de los uywiris (cerros tutelares), que representan la relación de la comunidad con sus antepasados.

En la medida que se fortalecían los gobiernos liberales y se legitimaban los usurpadores de tierras comunales, la red de Caciques Apoderados tuvo que diseñar otras estrategias, en una lucha desigual en la que estaban empeñados con la convicción de ser propietarios primigenios del territorio desde los antepasados.
 

1.3. La búsqueda de autonomía regional en Jesús de Machaca

El año 1920, en el contexto de una rebelión indígena generalizada, tanto en zonas de hacienda (el caso de Taraqu), como en los aillus y comunidades originarias, se gestó la constitución del gobierno comunal de Jesús de Machaca.

Las intenciones comunales de la retoma de la instancia político-administrativa del "pueblo" parecen claras y se presumía que sería por la vía violenta, donde el Cabildo de los 12 aillus, sería la instancia máxima del poder político. La tarea de insubordinación para la retoma del poder comunal había empezado, y los trabajos para la prestación vial ya no se cumplían desde el año 1919.

La aceptación por la Prefectura del departamento de La Paz de la legalidad del Título General de Tierras Comunarias de la marka de Jesús de Machaca, fue el sustento jurídico para la constitución del Gobierno comunal.

El movimiento de los Caciques Apoderados pretendió ampliar el reconocimiento de los títulos coloniales a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, lo que en la práctica fue muy difícil de lograr.

En síntesis, la sublevación de Jesús de Machaca, no fue sólo un estallido de furia irracional e incontenible, fue más bien el resultado de un largo proceso de acumulación ideológica, que se había cristalizado como parte del movimiento de los Caciques Apoderados y particularmente en la constitución del Gobierno comunal machaqueño, el que a través de una labor de difusión y permanentes reclamos legales, había agilizado una rápida reproducción de esta ideología anticolonial, cuyo rasgo más sobresaliente constituía la autonomía y gobierno de las markas aimaras.
 

1.4. La participación política de Manuel Chachawayna

El 12 de julio de 1920, mediante un golpe de Estado, se apoderaba del poder político del país el Partido Republicano, que pretendía colmar las ambiciones políticas de otros sectores criollos y mestizos, como ser políticos jóvenes y algunos viejos desplazados del Partido Liberal.

En esta coyuntura general emergió el gobierno de Hernando Siles (1925-1930), que contó con la colaboración de jóvenes intelectuales mestizos. Siles, tan pronto llegó al poder, buscó la manera de "independizarse" del Partido Republicano, para ir encontrando gradualmente la libertad suya y de sus seguidores.

En 1927, se creaba el Partido de la Unión Nacional, que fue conocido más como Partido Nacionalista, bajo el liderazgo de Hernando Siles. Con la voluntad de ganar las elecciones camarales, el partido oficial se lanzó a la campaña electoral, con lo más representativo de su gente y aliados ocasionales.

En este escenario aparece Manuel Chachawayna, indígena oriundo de Achacachi, de la provincia Omasuyos, del departamento de La Paz. Según algunas notas periodísticas de la época, Chachawayna fue "un indígena inteligente que, a más de saber leer y escribir y reunir las condiciones prescritas por la ciudadanía...". Estos antecedentes permitieron habilitar como candidato aimara a Manuel Chachawayna.

El voto calificado vigente no permitía que toda la población indígena pudiera votar libremente en los comicios, pues la ley electoral sólo reconocía a los varones "letrados" el derecho a elegir. Sin embargo, el Partido Nacionalista, para que un importante número de aimaras y quechuas pudieran votar y apoyar al partido, encontraron el justificativo del derecho que también tenían todos los indios de votar y tener su propia representación camaral.

En esta coyuntura política, fue postulado Manuel Chachawayna como candidato aimara a diputado por las provincias de Muñecas y Camacho, del departamento de La Paz. En la primera participación del pueblo aimara en la vida política del país, éstos pretendieron cambiar la rutina de los gobiernos oligárquicos por la de los pueblos originarios. Esta ideología política fue profesada por Manuel Chachawayna de la siguiente manera:

Sabemos que Manuel Chachawayna no fue elegido diputado, pese a que fue utilizado como aliado del republicanismo. Él también utilizó ese pequeño espacio político para plantear una utopía andina: que los pueblos originarios de este país se gobiernen a sí mismos.

Esta lucha tendría sus frutos en los años treinta con el establecimiento del primer Corregidor indio. 
 

1.5. La propuesta de renovación de Bolivia de Eduardo Nina Quispe

Eduardo Leandro Nina Quispe nació en el aillu Ch'iwu de Taraqu (hoy Taraco), provincia Ingavi, del departamento de La Paz, en 1887. Nina Quispe vivió viajando entre Chuqiyapu Marka o ciudad de La Paz y su aillu, convertido en hacienda de Benedicto Goitia. A principios de la década de 1920, debido al fracaso de la sublevación de restitución de haciendas a aillus, tuvo que huir definitivamente a la ciudad de La Paz.

Eduardo Nina Quispe fundó la Sociedad República del Collasuyo, en 1930. Esta institución se constituyó en centro generador de ideas, capaz de luchar contra el sistema imperante. Mientras las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes, especialmente en Caquiaviri y Warisat'a. Por otra parte las iglesias católica y evangélica pensaban en darles "algún oficio" y adoctrinamiento religioso. Los propios indígenas, como Nina Quispe o su paralelo Centro Educativo de Aborígenes Bartolomé de las Casas, pensaban en cómo la "educación del indio" podía coadyuvar a la enseñanza, defensa, y restitución de los territorios de los aillus, amenazados y/o convertidos en haciendas.

El Centro Educativo Collasuyo, era una institución comunitaria de aillus y markas, y su dinámica se había extendido a varios departamentos de la república, como Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca y, en la época de la guerra del Chaco, a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo más llamativo de este centro fue su constitución, conformada por todas las autoridades originarias (jilacatas) y representantes de los distintos aillus. Por ejemplo, en el departamento de La Paz, la conformaban las provincias de Murillo, Omasuyo, Larecaja, Muñecas, Camacho, Caupolicán, Loayza, Sicasica, Pacajes, Nor Yungas, Sur Yungas e Inquisivi.

Eduardo Nina Quispe, en uno de sus documentos más importantes, titulado De los títulos de composición de la corona de España, plantea la propuesta de la renovación de Bolivia. Aquí queda claro que los territorios de los aillus, legalizados mediante títulos coloniales, por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de mita en Potosí, otorgaban pleno derecho propietario a los aillus y markas de la época. Este era el argumento central del movimiento indígena de la época para exigir al gobierno la inmediata posesión (en algunos documentos aparece como deslinde) administrativa en favor de los aillus, a pesar de que muchas de estas tierras estaban en poder de los expropiadores a partir de la revisita de 1882.

En el documento citado, Eduardo Nina Quispe añade el conocimiento del país en la década de los 30, su territorio y división administrativa. Para él y el movimiento indígena, el interés y el cuidado del patrimonio territorial e histórico no involucraba sólo lo referente al aillu y a la marka andina, sino la totalidad del territorio nacional.

Equiparado con los mandatarios del mundo y reconocido en su trabajo educativo por la grandeza de los pueblos indígenas, no cabe duda de que Nina Quispe, a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los aillus y markas, avanzó en la idea de la refundación de Bolivia, sobre el propio territorio. Por eso decía que:

En 1934, Eduardo Nina Quispe, como presidente de la Sociedad Centro Educativo Collasuyo, incorpora en su solicitud del deslinde general de territorios andinos a los pueblos indígenas guaraní, mojeño y chiquitano, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. Entre los nombres que acompañan estas solicitudes están Casiano Barrientos, capitán grande del Izozog, Saipurú y Parapetí de la provincia Cordillera de Santa Cruz, Guardino Candeyo, Tiburcio Zapadengo y Manuel Taco de Tarija, y José Felipe Nava, Sixto Salazar de Rocha del Beni.

Lo más interesante en el pensamiento de Eduardo Nina Quispe, es el reencuentro de los pueblos andinos y los amazónicos. Aquí queda pendiente de investigar cuáles fueron las bases de esa alianza.
 

2. Los indígenas después de la Revolución de 1952

Resaltamos las evoluciones ocurridas desde la consolidación del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el poder después de la revolución del 9 de abril de 1952. El ascenso del MNR, como se sabe, ha traído consigo la Reforma Agraria de 1953, el derecho universal al voto para todo habitante del país con mayoría de edad, incluidos los analfabetos, y el acceso masivo a la educación.

Toda esta política obedecía a un programa de modernización capitalista estatal, que se denominó el "Plan de Gobierno de la Revolución Nacional". Hubo reformas de importancia y cambios profundos, aun cuando fueron distintos de las pretensiones de los sectores obreros, indígenas, campesinos y populares urbanos, que habían sido el soporte social de la revolución y habían encumbrado en el poder político al MNR.

Si bien la gestación del sindicalismo rural en algunas zonas de hacienda venía desde poco después de la guerra del Chaco (1932-1935) y contó inicialmente con el apoyo de otros partidos y fuerzas sociales, correspondió al MNR y al nuevo gobierno su masificación en el agro. Bajo su dirección, en pocos años, el "sindicato campesino" se impuso sobre cualquier otra forma de organización rural.
 

2.1. La República aimara de Laureano Machaca

A mediados de 1956, en Waychu o Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho, del departamento de La Paz, un movimiento aimara regional, a la cabeza de Laureano Machaca, fundó la República Aimara. Machaca, oriundo de Waychu, pretendió -en un primer momento- expandir la fuerza rebelde. Bastante más tarde, se hizo el Manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973, al pie de las grandiosas ruinas preincaicas de Tiwanaku, posteriormente difundido, clandestinamente, en castellano, quechua y aimara. El documento citado viene a ser la primera plataforma de "clase y nación" porque subraya que la opresión del indígena andino no sólo es económica y política sino que tiene fundamentalmente raíces culturales e ideológicas. 

Esta perspectiva permitió superar tanto la posición clasista (que prevalecía en los sindicatos y en los partidos de izquierda) como el radicalismo de algunas grupos indianistas. Se daba así una doble lectura de la problemática aimara y boliviana, en la que se combinaban los elementos identitarios y de clase social.

Pero, en este cruce permanente entre las dos dimensiones, se fue viendo que la contradicción principal, en muchos casos, no es sólo de clase ni de simple etnicidad, sino más bien el carácter colonialista que ambas adquieren en Bolivia. De ahí la propuesta del replanteo de la estructura misma del Estado.

Con los años se fue desarrollando más la evaluación inicial, esbozada líneas arriba. Otro hito importante fue la tesis política de la CSUTCB de 1983, que por primera vez propone temas como la construcción de un Estado plurinacional, la educación intercultural y bilingüe, entre otros temas.
 

2.3. La reafirmación de la identidad: el movimiento katarista e indianista

El movimiento katarista e indianista fue de los primeros en reintroducir de manera muy explícita la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas del país.

Haciendo una rápida historia, hay que recordar que las primeras manifestaciones de una nueva conciencia étnica aparecen a fines de la década de los años 1960. Una nueva generación de aimaras que estudiaban en La Paz empieza a organizarse, fundando el Centro Cultural 15 de Noviembre. 

Bajo la influencia de indianistas como Fausto Reinaga, redescubren la figura histórica de Tupaj Katari y Bartolina Sisa (ejecutados en 1781) y empiezan a percibir sus problemas desde otra óptica. Son los primeros que empiezan a declarar sentirse "extranjeros en su propia tierra". 

A pesar de que la revolución de 1952 les había incorporado formalmente como ciudadanos "campesinos", en la práctica continuaban sintiéndose objeto de discriminación étnica y manipulación política.

En este sentido, el movimiento katarista e indianista viene a ser un fruto no previsto de la revolución de 1952, desde dos vertientes: es producto de sus conquistas parciales (educación, participación política del "campesinado") y producto también del carácter inconcluso de estas conquistas. Las primeras abrieron horizontes y despertaron nuevas expectativas; su carácter de inconclusas generó una frustración que hizo resurgir la memoria larga, de un plurisecular enfrentamiento con el Estado.
 

2.4. Los últimos años

Después del retorno a la época democrática, en 1982, ocurrió un nuevo fenómeno: se fueron debilitando las movilizaciones indígenas andinas; aunque las ideas más importantes penetraron paulatinamente por todo el campo político.

El debilitamiento de las movilizaciones se debió a muchas razones, por ejemplo, la fuerte crisis económica, que dejó algunas conquistas sólo en el papel y, por tanto, esto ha ido quitando fuerza a las reivindicaciones. También la crisis organizativa de todo el movimiento indígena-campesino por la implantación del modelo neoliberal, o los propios conflictos internos de liderazgo dentro del movimiento indígena y campesino.

Finalmente, entre 1993 y 1997, la presencia de Victor Hugo Cárdenas, como Vicepresidente de la República, abrió la esperanza de una mejor cristalización en el reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en la vida política del país. Pero en los hechos, la presencia de Cárdenas sólo llegó a ser un reconocimiento meramente simbólico. El Estado, a través de varias reformas jurídicas, incorporó en la política pública el tema indígena, pero con resultados poco alentadores. La idea de generar una forma de revolución social de carácter legal, por ejemplo los artículos 1º y 171 de la Constitución Política del Estado, el Convenio Nº 169 de la OIT y las Tierras Comunitarias de Origen de la Ley del INRA, en su aplicación se convirtieron más en "buenas intenciones" que en avances reales.
 

Conclusión

Las consideraciones históricas anotadas nos muestran que la idea de participación política, sea mediante ideas autonomistas y/o de participación política de los pueblos aimara y quechua, es de larga data y no es ninguna novedad que los movimientos indígenas contemporáneos la vuelvan a plantear.

Por tanto, el gran reto de la democracia boliviana es resolver en el país (ahora o mañana) el reconocimiento real a los pueblos indígenas, sea mediante formas de autonomía o mediante una nueva forma de pacto social en la vida política del país. Un verdadero reconocimiento a los pueblos indígenas, significa partir de un diálogo intercultural, que podría reencauzar la crisis del país por una vía pacífica. Este es el reto de la democracia boliviana de hoy. Cualquier parche -como aquéllos a los que nos tiene acostumbrados la clase política del país- no es la verdadera solución. Sólo una profunda "democratización" que tenga el sentido de refundación del país podría conducirnos a una real convivencia intercultural en el país.

Referencias citadas

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 1991 Taraqu 1886-1935: Masacre, guerra y "Renovación" en la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi. La Paz, Edit. Aruwiyiri.

Nina Quispe, Eduardo Leandro
 1932 De los títulos de composición de la corona de España. Composición a título de usufructo como se entiende la exención revisitaria. Venta y composición de tierras de origen con la corona de España. Títulos de las comunidades de la República. Renovación de Bolivia. Años 1536, 1617,1777, 1825 y 1925. s.p.i. La Paz

Paredes, Alfonsina
 1977 El indio Laureano Machaca: esbozo biográfico de un líder. La Paz, Ediciones Isla. 

THOA
 1984 El indio Santos Marka T'ula, cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. La Paz, THOA-UMSA.

Ticona Alejo, Esteban
 1991 "Manuel Chachawayna, el primer candidato aimara a diputado", Revista Historia y Cultura, Nº 19: 95-102. La Paz, Sociedad Boliviana de Historia, Edit. Don Bosco.

Ticona Alejo, E. (y X. Albó)
 1997 La lucha por el poder comunal.Vol. 3. Serie Jesús de Machaca: la marka rebelde. La Paz, Cedoin/Cipca.