Una aproximación genérica hacia el debate doctrinal de las relaciones civiles-militares: el caso de América Latina

José Carlos Piñero

La preocupación por la articulación de las relaciones entre la sociedad civil, la militar y la política no es en modo alguno reciente, sino que se remonta a los pensadores clásicos de la envergadura de Maquiavelo,Weber, Hobbes, Locke o Tocqueville; quienes, sin embargo, reflexionaron –en su mayoría- sobre éstas desde un prisma normativo[i][1] con el fin de establecer los mecanismos institucionales y las normas legales más adecuados para preservar el sistema de frenos y equilibrios propio de las democracias liberales (decimonónicas).

No fue hasta la década de los años cincuenta que se empezaron a realizar estudios de carácter empírico sobre el tema de la mano de la sociología norteamericana: Huntington, Janowitz y Moskos, para quienes la variable dependiente ya no era el Estado como en los autores clásicos, sino las propias instituciones militares. Pese a todo la producción teórica o doctrinal sobre el respecto no es tan prolífica como la existente en otros ámbitos de la sociología y de la ciencia política.

Dos son las líneas teóricas que vienen dominando el debate académico acerca de las relaciones civiles-militares de los últimos cuarenta años, la corriente iniciada por Samuel P. Huntington[ii][2], que se sirve de un esquema funcionalista y la establecida por Janowitz[iii][3], el cual se valió del análisis sociodemográfico de los oficiales de las Fuerzas Armadas Norteamericanas.

El primero de ellos consideraba que el mejor modo de mantener a los militares fuera de los límites de la sociedad política era promoviendo la profesionalidad de la institución militar, porque ello conduciría inequívocamente al establecimiento de un control objetivo basado en: 1) la existencia de una relación de cliente, y por tanto de subordinación, de las Fuerzas Armadas respecto al Estado (supremacía civil) y b) un interés exclusivo por parte de la milicia centrado en el perfeccionamiento de la técnica en el uso de la violencia contra amenazas externas (neutralidad política).

Por el contrario, Janowitz era de la opinión de que el ethos de la institución militar de cualquier país estaba directamente relacionada con la extracción social de su oficialidad. De este modo, una oficialidad de clase media con una formación militar profesional, independientemente de que ésta proceda del ámbito rural, tiende a desarrollar una actitud burocrática y de gestión, acorde con la modernización y el cambio social, mientras que una oficialidad dominada por una aristocracia feudal y/o rural tiende a estar fuertemente politizada.

Ambas teorías, aunque dominantes en la disciplina de la sociología militar, no ofrecen una explicación enteramente satisfactoria acerca de la tendencia de las instituciones militares a intervenir en política; si bien debe reconocerse que arrojan una valiosa información sobre el papel que desempeñan las variables organizativas al respecto.

Pese a todo, debe señalarse la existencia de notables puntos débiles y ausencias en las teorías de uno y otro autor. Como muy bien señala Abrahamsson[iv][4], Huntington no deja de construir una tautología según la cual toda institución armada que interviene en política no es profesional y viceversa. De hecho, las investigaciones de Alfred Stepan[v][5] apuntan en una dirección contraria a la de Huntington en el sentido de que éste considera que es posible la coexistencia de un profesionalismo instrumental en el uso de la violencia con la intromisión de la militia en la esfera civil y política. Es lo que Stepan denomina el nuevo profesionalismo.

La principal diferencia entre ambos modelos estribaría en su finalidad, puesto que, mientras el primero tiene como objetivos: la seguridad interna, la construcción nacional y el desarrollo del país, el segundo tendría como ocupación exclusiva la guerra interestatal clásica; si bien es cierto que las fuerzas armadas norteamericanas –el ejército profesional por antonomasia-, a raíz del éxito que tuvieron diversos movimientos contrainsurgentes en su lucha contra los ejércitos regulares; caso de China, Indochina, Cuba, etc., comenzó a incluir la contrainsurgencia en su agenda.

De este modo, los ejércitos latinoamericanos han venido desarrollando una idiosincrasia propia, fruto de la mezcla de sus tendencias organizativas acordes con el modelo racional-legal weberiano[vi][6] con un mecanismo de control subjetivo, que diferencia a estas instituciones armadas de los ejércitos patrimoniales o de masas de antaño, así como de los ejércitos profesionales.

En consecuencia, las reflexiones de Abrahamsson y de Stepan quiebran la pretensión de Huntington de elaborar una teoría global sobre las relaciones civiles-militares al existir excepciones empíricas que no son explicadas satisfactoriamente, salvo que se acepte el silogismo de que las Fuerzas Armadas que participan en la sociedad política no son profesionales y viceversa.

Por otro lado, la corriente de la hegemonía de clase[vii][7] abierta por Janowitz no está menos exenta de problemática, tal y como el propio Huntington se encarga de poner de manifiesto[viii][8]. Por un lado, el ethos o mentalidad de la oficialidad de las distintas instituciones armadas del planeta, no sólo depende de la extracción social de estos últimos, sino también del propio devenir de las estructuras culturales, políticas y sociales de cada país; y por el otro, el origen de clase de los oficiales tiene un efecto limitado sobre la orientación política e ideológica adoptada por las Fuerzas Armadas, dado que los oficiales suelen referir sus actitudes más a la lógica interna de la institución militar que a su clase de origen; o al menos eso es lo que ha sucedido, según Alain Rouquié[ix][9], en diversos países de América Latina: Brasil (1964), Perú (1968) y Chile (1973) por poner sólo algunos ejemplos.

Existe una tercera corriente dominante dentro de la sociología militar que ha tratado de explicar el fenómeno del pretorianismo de una forma global a través del paradigma[x][10] de la modernización. En efecto, para Guillermo O’Donnell[xi][11], uno de los máximos exponentes de esta línea investigadora, los regímenes militares burocrático-autoritarios serían la resultante de las contradicciones sociales inherentes a los procesos de modernización de aquellos países -de la periferia- que poseen un sistema capitalista extravertido[xii][12], porque la reorientación del desarrollo económico hacia un capitalismo autocentrado[xiii][13] es incompatible con la existencia de clases populares activas y políticamente participativas. Precisamente, el principal objetivo de la coalición golpista[xiv][14] formada por el Ejército, la oligarquía y las clases medias es desmovilizar a las clases populares y promover el desarrollo económico mediante la implementación de políticas socioeconómicas de corte tecnocrático y regresivo (contrarias a políticas fiscales redistributivas y equitativas). En consecuencia, para este autor, el pretorianismo constituiría una fase intermedia del proceso de modernización de los países en vías de desarrollo.

Esta corriente, por su parte, tampoco está exenta de críticas. Las más importantes de todas ellas es aquella que denuncia la presencia de un fuerte determinismo historicista en sus axiomas teóricos, al presumir ésta que el cambio social es unilineal[xv][15] y aquella que considera que la hipótesis de O’Donnell carece de las suficientes evidencias empíricas como para poder generalizar la experiencia de unos pocos países, Argentina y Brasil (1930-1960), a otras realidades[xvi][16].

Por otro lado, existen otras observaciones de menor calado tales como la infravaloración del papel que desempeñan las especificidades históricas, los rasgos organizativos de las diversas instituciones militares, o incluso las ideologías de los militares[xvii][17] .

En consecuencia, y a tenor de lo dicho hasta ahora, puede decirse que los esfuerzos por elaborar una teoría global sobre la dinámica de las relaciones civiles-militares han resultado parcialmente infructuosos. Para paliar parte de este déficit, la sociología militar debería incorporar las valiosas aportaciones provenientes de la sociología histórica; sobre todo la de figuras como Norbert Elías[xviii][18] y Charles Tilly[xix][19].

La hipótesis de Tilly es que las estrategias utilizadas por los gobernantes (aplicación intensiva o extensiva de capital y/o coerción) en la fase de la construcción del Estado Nación (proceso de concentración de la soberanía), en un medio internacional hostil, han tenido una influencia decisiva en la configuración subsiguiente de las relaciones civiles-militares. Así en aquellos países como España o Rusia, donde la concentración de poder se efectuó mediante un uso intensivo de la coerción, se favoreció la aparición de posteriores tendencias pretorianas, aunque fueran de corte revolucionario[xx][20] como en el caso de la ex Unión Soviética, mientras que en otros como en los países Bajos o en Bélgica, donde los poderes públicos tuvieron que negociar con la burguesía para captar los recursos financieros necesarios para mantener sus respectivos ejércitos, se fortaleció la primacía de la sociedad civil.

Precisamente Stepan coincide con este último a la hora de señalar la preponderancia de la dimensión sistémica en la aparición del pretorianismo, de tal modo que la dimensión organizativa, pese a su relevancia, aparecería como una variable interviniente.

El diagnóstico quizás podría ser que los estudiosos de las relaciones civiles-militares, en su afán de intentar validar o invalidar una u otra teoría, no han tratado de construir modelos explicativos multifactoriales, en los que estén presentes los diversos niveles de análisis existentes; a saber: a) nivel macro-político (sistema mundial y subsistemas regionales)[xxi][21], b) nivel meso-político (la naturaleza los cuatro subsistemas: el político, el social, el económico y el cultural) y c) nivel micro-político (la organización interna y los valores corporativos de las instituciones militares).

Seguramente, no existe ninguna explicación mono-causal ni unilineal que pueda describir de forma plenamente satisfactoria la dinámica de las relaciones civiles militares. Sólo con la aplicación empírica del método comparado[xxii][22] a distintas realidades, y teniendo en cuenta las tres dimensiones anteriormente mencionadas, podremos a la larga discriminar las variables más importantes y extrapolar algunas relaciones causales tendenciales con relación al pretorianismo.

MODELOS ORGANIZATIVOS DE LAS INSTITUCIONES ARMADAS Y RELACIONES CIVILES-MILITARES EN AMÉRICA LATINA

El modelo de relaciones civiles-militares de un país y el grado de profesionalización de sus Fuerzas Armadas están estrechamente ligados con el proceso de construcción del Estado Nación porque, tanto la aparición del Estado Nación como la profesionalización de los ejércitos fueron los instrumentos –primordiales- de que se dotaron, paulatinamente, determinadas sociedades para poder sobrevivir en un entorno internacional multipolar y hostil como el europeo, en el que diversas unidades políticas (Ciudades-Estado, Imperios y Estados patrimoniales) se relacionaban a través del uso de la fuerza.

En consecuencia, para hacer frente a las amenazas externas fue necesario, por un lado, reformar las estructuras político-administrativas[xxiii][23] (crear un aparato burocrático fiscal, construir infraestructuras...) con el fin de poder captar y movilizar un mayor volumen de recursos y, en segundo lugar, modernizar los ejércitos (ejército patrimonial, ejército nacional de masas, ejército burocrático y ejército profesional[xxiv][24]). Estas innovaciones, a su vez, propiciaron la consolidación de un centro territorial de poder: la corte y la capital, el desarrollo de una economía monetaria, la asunción de nuevas funciones por parte del Estado, la concentración de los medios materiales coercitivos y la articulación de distintos modelos de relaciones civiles militares, según los gobernantes se hubiesen servido de un uso intensivo o extensivo del capital, o de un uso intensivo o extensivo de la coerción para culminar el proceso de concentración del monopolio de la violencia[xxv][25].

En Latinoamérica, sin embargo, la articulación del Estado no se debió a una prolongada evolución histórica endógena como sucedió en el viejo continente, sino a un factor exógeno: la dominación colonial; el cual explica en buena medida: a) la frágil institucionalización del Estado, tanto en su dimensión interna (grandes colectivos de población disputan al Estado el monopolio del uso de la violencia legítima y el control de extensas áreas del territorio del país[xxvi][26]) como externa (fronteras difusas y permeables[xxvii][27]), b) la gran fragmentación social y c) el insuficiente grado de profesionalización de las fuerzas Armadas existente en muchos de los países del subcontinente americano.

Hacia finales del siglo XIX, debido en parte a las guerras de independencia, las instituciones militares latinoamericanas alcanzaron un cierto grado de profesionalismo técnico y unas tendencias corporativas que, no obstante, acabaron disipándose como consecuencia de sendos procesos orgánicos de desintegración, que contribuyeron a que dichos ejércitos se convirtieran en irregulares, personalistas y, en definitiva, en un instrumento de poder al servicio de los caudillos[xxviii][28]. De este modo, la profesionalización de los ejércitos latinoamericanos se produjo un siglo después de que Europa se hubiera consolidado el Estado Nación burocrático como forma de organización política.

Entre 1890 y 1930, en líneas generales, los militares no rechazaron ni al Estado ni a los regímenes existentes. Su intervencionismo se produjo a partir de la década de los 30-40 por su percepción de la falta de eficacia de los gobiernos civiles. Durante este periodo el ejército desempeñó un papel de arbitrio a favor del poder presidencial civil, de tal forma que, no fue hasta la década de los 60, que surgió un pretorianismo de tipo dirigente[xxix][29] en países como Brasil, Argentina, Perú o Chile.

En un primer momento, las guerras anticoloniales de Latinoamérica se saldaron con ejércitos populares fragmentados, del tipo “nación en armas”, que favorecieron el caudillaje o bien la aparición de disputas internas entre los líderes de estas facciones, forjadas durante las guerras anticoloniales; y cuyo máximo afán no era otro que el de hacerse con las riendas de la institución militar y/o apoderarse del Estado. Todo ello en un contexto de gran fragmentación social, donde las clases sociales dirigentes, además de ser débiles, estaban profundamente divididas.

La inexistencia de una sociedad civil fuerte y estructurada fue lo que condujo a los países latinoamericanos a una situación análoga a la de la España decimonónica, en la que los políticos civiles recurrían a los pronunciamientos de altos mandos militares para apuntalar o minar la autoridad gubernamental civil, poniendo en peligro el propio ordenamiento constitucional.

Esta práctica política dio lugar al caudillismo, un tipo de régimen político de corte tradicional y patrimonial, sustentado por una alianza entre la elite política y los terratenientes, y cuyas estructuras políticas y económicas se caracterizaban por: la existencia de un fuerte caciquismo, una economía agraria extensiva y la ausencia de estructuras burocráticas consolidadas, de tal forma que dicho régimen se articulaba sobre la base de un sistema de relaciones sociales “patrono-peón” y en unas relaciones políticas personalistas y clientelares.

La profesionalización y la adopción de tendencias corporativas por parte de los militares latinoamericanos a finales del siglo XIX fueron los factores que permitieron restablecer la estabilidad y crear un sistema político nacional. Para acabar con el caudillismo, las instituciones militares emprendieron un programa de profesionalización consistente en:

- Recibir asesoramiento de instructores extranjeros y adoptar sus modelos organizativos y tradiciones corporativas. Los países modelos en aquel entonces eran, sobre todo, Prusia y Francia[xxx][30].

- Se crearon academias militares.

- Se centralizó la autoridad en el gobierno y la burocracia.

Este programa se llevó a cabo en Argentina, Brasil, Venezuela y Chile, pero al mismo tiempo se preparó, sin quererlo, el camino hacia el pretorianismo y a la aparición del ejército tipo arbitrio, porque, así como en Europa se fueron especializando las instituciones estatales coercitivas, según su papel represor era orientado hacia la población interna (cuerpos policiales) o hacia el exterior (Ejército); las fuerzas armadas en Latinoamérica, una vez finalizadas las correspondientes guerras de independencia, se dedicaron a velar por la estabilidad interna del país y emprendieron una lucha contra la población amerindia (colonización interna); lo que a su vez facilitó la instauración de un modelo de control subjetivo[xxxi][31]. A ello hay que sumarle la fusión de la institución militar con las oligarquías sociales en un binomio simbiótico en el cual el Ejército aseguraba la hegemonía de los terratenientes y la oligarquía utilizaba a las Fuerzas Armadas como una herramienta de reproducción clasista.

Huntington[xxxii][32] establece tres etapas: a) pretorianismo oligárquico (1890-1920), b) pretorianismo radical (1920-1950) y c) pretorianismo de masas (a partir de los años 50), mientras que Perlmutter[xxxiii][33], por su parte, considera que en este primer periodo no hubo pretorianismo de ninguna clase porque los militares no intervinieron en política.

Chile fue uno de los tres países latinoamericanos que gozaron de un sistema de control objetivo, junto con Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, el grado de profesionalidad y de corporativismo objetivos fueron mucho más elevados en el primer caso por: a) los éxitos cosechados por el ejército chileno en la guerra del pacífico (1879-1893) y su éxito contra los amerindios, b) la estabilidad política del país hasta 1973, c) la estabilidad de la base aristocrática del ejército chileno, d) la coherencia y unidad entre las elites militares y e) la concordancia de valores entre elites civiles y militares.

Pese a todo, en la década de los sesenta, la coyuntura del momento: la creciente inestabilidad social por el recrudecimiento de la lucha de clases, la influencia de la política exterior norteamericana y el conservadurismo corporativo de las distintas instituciones militares, amén de las alianzas sociales entre las elites dirigentes y el Ejército, propició el advenimiento de una ola de pretorianismo, no sólo en Chile, sino en toda Latinoamérica.

No obstante, Alfred Stepan (1986) es de la opinión de que esta oleada de pretorianismo sobrevino, no como consecuencia de la falta de profesionalización de las instituciones militares latinoamericanas, sino más bien por el hecho de que dicho proceso de profesionalización no produjo la neutralidad política anunciada por Huntington. Esto es, las Fuerzas Armadas latinoamericanas fueron desarrollando simultáneamente un considerable nivel de profesionalidad instrumental (racionalidad burocrática, procedimientos de reclutamiento estandarizados, ciclos de entrenamiento y de planificación de la defensa, etc.) y un creciente nivel de politización; tal y como demuestran los casos de Brasil y Perú. A partir de esta constatación empírica, Stepan construye una nueva categoría analítica: el nuevo profesionalismo, en contraste con el concepto de profesionalismo acuñado en su día por Huntington, para explicar las tendencias pretorianas en Latinoamérica.

De este modo, los ejércitos latinoamericanos han venido desarrollando una idiosincrasia propia fruto de la mezcla de sus tendencias organizativas acordes con el modelo weberiano con un mecanismo de control subjetivo, que diferencia a estas instituciones armadas de los ejércitos patrimoniales o de masas de antaño, pero también de los ejércitos profesionales.

Stepan coincide con Tilly a la hora de señalar la preponderancia de la dimensión sistémica en la aparición del pretorianismo, de tal modo que la dimensión organizativa, pese a su relevancia, aparecería como una variable interviniente.

En general, todos los estudiosos de Latinoamérica coinciden en señalar que Las instituciones militares latinoamericanas fueron desarrollando este nuevo profesionalismo para hacer frente a un escenario de amenaza interna: los movimientos insurgentes revolucionarios, que hizo que “these highly professionalized armies became much more concerned with political problems” (Stepan, 1986:137). De este modo, dichas instituciones fueron desarrollando una cultura organizativa que abarcaba otros muchos aspectos que iban más allá de la mera autoorganización. Los oficiales empezaron a recibir formación sobre economía, política, sociología, etc. y otros aspectos que pudiesen influir en la estabilidad del país, dado que consideraron que entre ambas esferas: la doméstica y la de la seguridad, existía un estrecho vínculo. En consecuencia, las fuerzas armadas latinoamericanas fueron politizándose al asumir, como una nueva función, el análisis del funcionamiento del país y su relación con la seguridad; de ahí que el nuevo profesionalismo suponga un alto nivel de politización.

Ahora bien, las fuerzas armadas latinoamericanas pudieron ampliar su rol debido a la debilidad de la sociedad civil y al vacío institucional existente. En efecto, ante la escasa legitimidad y eficacia de los gobiernos civiles para promover un desarrollo pacífico de sus respectivas sociedades, los militares fueron tendencialmente tomando el poder para imponer sus propias tesis sobre cómo promover el desarrollo de la economía y del Estado. Ello explica, entre otras cosas, el gran control que los militares, como institución, ejercieron, y todavía ejercen en algunos países, sobre grandes conglomerados empresariales, como en los casos de Brasil, Perú o Guatemala.

Tras el final de la guerra fría numerosos países del área latinoamericana han venido experimentando procesos de pacificación y de transición democrática con un mayor o menor éxito. Pero en todo caso lo que sí es seguro es que todos estos países han tenido que superar unas fuertes resistencias provenientes de sus respectivas burocracias militares para poder instaurar la supremacía civil y/o un modelo de relaciones civiles-militares profesional basado en el control objetivo.

La situación de los países latinoamericanos, durante la década de los noventa, difería mucho entre si, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla confeccionada a partir del informe elaborado por Carlos Basombrío Iglesias (1997):

Situación de los países latinoamericanos en la década de los noventa

	Ref. FAS	Misión legal y C.	Aut. MM.DD	Control presupuesto	Contr del Congreso	Fueros especiales	Sanción * Violac. DH	Interv. Seg. Int.	Control Serv. Intelig.
Argentina	Avances significativ.	---	Contr. civ. del M. Def.	Reducción del 50% en veinte años + Privatiz. empr	Senado da el plácet a ascensos.	delitos com. de los milit jurisdic. civ	Amnistía general para todos los militares	Separac. Segurid. Int./ext.	No hay una polít. clara de contr. civ.
Bolivia	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Brasil	Avances significativ.	---	M. Def. es un lobby presidido por militar.	Pocas reduc de efectivos y 25% presup. pero paradas por las FAS	---	---	---	Prerrogat. de interv. en asuntos de orden interno	Estructur. paralelas de Intrelig una civil y otra milit.
Colombia	Persistencia autonomía militar	---	---		---	Constituc. del fuero penal militar	impunidad de las FAS + privileg. Corporativ	FAS contr policía de segurid. y la judicial	---
Chile	Autonomía milit. Parcial	Codificac. C. del rol tutelar FAS	atribuciones inmensas al CSN.	Fondos prev. En la C. + otr. Adicionales	No existe	Jurisdicción milit. Para disputas civiles/milit	Intentos de incluir DH en la jurisd. civil	Separac. Segurid. Int./ext	disolución de la CNI y reubicac de militar.
Ecuador	Separación entrepoder civil/Militar	No hay una Separac. F. seg. int./ext.	---	Cánones del petróleo + Empr. DINE	No existe	fuero espec.	---	Policía subord. a las FAS	---
Guatemala	Supremacía civil limit.	Defensa de sobernía y territorio	---	Gran número de empresas contr. por los militares	---	La juridicc. Militar ha sido reduc.	Ausencia de la posibilid. de individ. responsabil.	---	Control presidenc.
Haiti	Ref. imp. por EE.UU	---	---	Reducc. de un 33%	---	---	---	---	---
Mexico	---	---	---	---	---	---	---	No hay separac.	---
Nicaragua	de Ej. Rev. a Ej. Dem	defensa de sobernía y territorio	---	Drásticas reducciones del 70%	Elevado grado de control	Preeminenc del fuero civil	---	---	---
Panamá	Ref. imp. por EE.UU	Ausencia Ejército profesional	---	---	---	---	---	---	---
Perú	Persistencia autonomía militar	---	M. Def. es sólo adm.	Reduc. FAS en un 60%	No existe	Milit bajo su jurisdicc. + potestad para juzgar civiles	La amnistía más amplia y unilateral de todas	Las FAS contr. la Policía	hipertrofia + falta de control sobre serv inteligenc.
Salvador	Aceptación Supremacía civil	defensa de sobernía y territorio	---	---	No existe	---	Depuració ejército + amnist. Gral	Separac. Segurid. Int./ext	---
Uruguay	Avances significativ.	---	---	---		---	---	---	---
Venezuela	Desafíoal poder civil	---	Gran poder de intervenc en algunas áreas espec.	---	Aprueva ascensos y los fondos	---	---	---	---

En principio puede decirse que el balance de esta última década ha sido, en líneas generales, tendencialmente positivo para Latinoamérica, aunque no para todos los países por igual dado que algunos de ellos, no sólo no afianzaron sus respectivos procesos de consolidación democráticos sino que además experimentaron serios retrocesos como en el caso de Perú; país donde, en estos últimos días, se está abriendo una ventana a un nuevo proceso de transición, o Chile, donde las prerrogativas de la institución militar son inusitadas en el marco de una sociedad democrática.

Además de las situaciones especialmente delicadas de determinados países, existe otra tendencia regional preocupante: la pervivencia de grandes parcelas de autonomía militar y la debilidad de la supremacía civil, combinadas con regímenes presidencialistas inestables.

En un contexto como el latinoamericano en el que hay un grave déficit de cultura política democrática, altos niveles de pobreza, desempleo y analfabetismo y una gran conflictividad social y étnica, no parece que la instauración de sistemas políticos presidencialistas, por un efecto mimético a los Estados Unidos, sea el mejor modo de consolidar estas recientes democracias. Para justificar esta hipótesis me remito a Linz[xxxiv][34].

En países tan fragmentados, donde la población carece de una sólida cultura política y donde la legitimidad de las recientes instituciones políticas es más bien escasa, dado el pasado represivo del Estado, sería más acertado instaurar sistemas parlamentarios que, aún a riesgo de propiciar crisis de gobierno, garantizan mejor la pervivencia del sistema; mientras que los sistemas presidencialistas, ofrecen estabilidad gubernamental a costa de generar crisis de sistema en situaciones donde la mayoría presidencial y la del Congreso pertenezcan a mayorías distintas. En estos casos, el jefe del Ejecutivo suele tener la tentación de encabezar un golpe de Estado con la intención de instaurar un régimen pretoriano. Sirva a modo de ilustración el caso de Guatemala donde el presidente Jorge Serrano Elías (1991-93) protagonizó un auto golpe en respuesta el bloqueo legislativo al que fue sometido por el Congreso, que le impidió desarrollar su acción de gobierno[xxxv][35]. En consecuencia, y puesto que la inmensa mayoría de países latinoamericanos posee formas de gobierno presidencialistas, y dada la juventud de estas democracias casi recién nacidas, creo que es necesario tener presente esta variable de carácter estructural.