Guerrilla y narcotráfico en Colombia

Guerrilla y narcotráfico en Colombia

Román D. Ortiz

Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública. Núm XXII, Año 2000.

Si hubiese que encontrar un acontecimiento que marcó la conclusión de la Guerra Fría en América Latina, sin duda, habría que señalar al final del enfrentamiento civil en El Salvador con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del conservador Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en enero de 1992. En aquel entonces, una oleada de optimismo empujó a algunos analistas de seguridad a interpretar la desmovilización de la que entonces era la fuerza insurgente más poderosa del continente como un signo del ocaso definitivo de los movimientos guerrilleros en América Latina. El juego democrático parecía destinado a canalizar las demandas sociales de forma pacífica y dejar sin espacio a aquéllos que habían recurrido a las armas como medio para alcanzar sus objetivos ideológicos. Sin embargo, ocho años después, el éxito de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha convertido en la mejor demostración de que estos pronósticos estaban dramáticamente equivocados. Lejos de debilitarse, la organización armada más antigua del continente ha culminado una rápida adaptación al nuevo escenario estratégico que, más allá de asegurar su supervivencia, la ha colocado en una posición desde donde mantiene al gobierno de Bogotá acorralado en términos políticos y militares. En esta transición, los insurgentes colombianos han abandonado buena parte de los rasgos que caracterizaron a las viejas organizaciones latinoamericanas para apostar por un conjunto de nuevas orientaciones políticas, nuevos recursos y nuevas estrategias. Un nuevo modelo de acción violenta que pone de manifiesto que las guerrillas no han desaparecido de la escena política latinoamericana sino que simplemente se han transformado para convertirse en un riesgo crítico para algunas de las democracias más frágiles de la región.

Como modelo de acción colectiva, la violencia política tuvo su época dorada en América Latina entre el éxito de la revolución castrista en 1959 y la citada paz de El Salvador en 1992. Durante este periodo, el comportamiento de los movimientos armados se guió en función de dos referentes básicos. Por un lado, una doctrina revolucionaria que se cimentaba básicamente sobre planteamientos de corte marxista-leninistas. Por otro, una estrategia violenta que mezclaba actividades guerrilleras y terroristas en distintas proporciones. Desde una óptica ideológica, la inmensa mayoría de las organizaciones armadas se definieron abiertamente como seguidoras de alguna variante del comunismo (troskismo, maoísmo, etc.). Pero incluso en aquellos grupos que no se inscribieron explícitamente en estas corrientes ideológicas, desarrollaron doctrinas influidas por ideas de corte marxista. Éste fue el caso, por ejemplo, de los Montoneros argentinos que profesaban un populismo de izquierdas con raíces en un radicalismo católico y nacionalista cuyo objetivo declarado era la instauración por vía revolucionaria de una forma de socialismo antiimperialista.[i][1] Lo mismo se puede decir del colombiano Movimiento 19 de Abril (M-19) que se definía como nacionalista y bolivariano; pero apuntaba en sus primeros comunicados al establecimiento de un socialismo con rasgos autóctonos. Más allá de unas u otras etiquetas, la adhesión a los postulados marxistas resultó decisiva en la medida en que ofreció una cosmovisión a partir de la que los revolucionarios diseñaron su oferta política para atraer a sus seguidores, buscaron bases sociales en que apoyarse e ingeniaron su estrategia de acceso al poder. Así, habitualmente, el programa máximo de los insurgentes se centró en la puesta en práctica de reformas políticas y económicas de corte socialista y nacionalista que garantizasen democracia, justicia social y desarrollo. Dentro de este abanico genérico de ofertas, se incluyeron la liberación del imperialismo estadounidense planteada por el nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la implantación de un estado socialista propuesta por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina o la construcción de una utopía agro-comunista impulsada por los peruanos de Sendero Luminoso. Igualmente, la distinta versión de ideología izquierdista enarbolada por cada organización hizo que buscaran el respaldo popular en bases sociales diferentes. Los maoístas colombianos del Ejército de Popular Liberación (EPL) intentaron encontrar sus apoyos entre el campesinado. Por contra, los marxista-leninistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile buscaron su base social entre las clases populares urbanas. Por su parte, el castrista Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) de Guatemala intentó encontrar respaldo entre una población básicamente definida con criterios de identidad étnica indígena. Finalmente, las estrategias de los distintos movimientos también estuvieron condicionadas ideológicamente. Así, por ejemplo, la división del sandinismo entre las tendencias Proletaria, de Guerra Popular Prolongada y Tercerista respondió a fórmulas de acceso al poder según se buscase promover una revolución de la clase trabajadora, una larga guerra de guerrillas apoyada en el campesinado o una insurrección popular con una amplia base social. De forma similar, los distintos grupos integrados en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador mantuvieron posiciones ideológicas diversas que determinaron el grado de importancia que cada uno de ellos daba al activismo político y a la acción militar así como la elección de una larga insurgencia campesina o de una insurrección de masas como vías para conquistar el gobierno.

El peso del discurso ideológico en la toma de decisiones dentro de los grupos armados redujo su flexibilidad intelectual a la hora de elaborar estrategias y su capacidad para adaptarse al entorno político y social. De hecho, el peso del ideario doctrinal fue suficientemente grande como para empujar a un comportamiento político y militar que muchas veces no se ajustaba a las condiciones reales en las que se debía desarrollar la lucha. La consecuencia inevitable era que el grupo cometía errores estratégicos de bulto que muchas veces se traducían en aplastantes derrotas. Algunos ejemplos resultan muy descriptivos de esta relación entre rigidez ideológica y fracaso guerrillero. Desde luego, el fiasco más famoso fue la intentona de Ernesto “Ché” Guevara de establecer un centro de actividad guerrillera en Bolivia en 1967[ii][2]. Los planes de Guevara pretendían únicamente llevar adelante la doctrina foquista que el mismo había definido en sus escritos. Desde esta perspectiva, una minoría armada podía ejercer un papel catalizador sobre las masas populares hasta el punto de empujarlas hacia la revolución con independencia de cuáles fueran las condiciones políticas, económicas y sociales del medio en el que se desarrollaba la lucha. Con estos planteamientos, el revolucionario argentino y su partida de militantes comenzaron a actuar en un medio hostil y desconocido donde los campesinos indígenas, que se habían beneficiado de una reciente reforma agraria, los veían como una amenaza extranjera. El resultado fue inevitable: el grupo armado fue diezmado y Guevara murió a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas. Dos décadas después, Sendero Luminoso ofreció otra muestra de cómo la obcecación ideológica puede conducir al desastre[iii][3]. A medida que tomó el control de comunidades indígenas en los departamentos andinos de Perú, la organización maoísta comenzó a aplicar a rajatabla su credo político. La producción agraria se colectivizó y se destinó en gran medida para el partido. Al mismo tiempo, se aplicaron rígidos códigos morales que incluían los castigos físicos contra los adúlteros y la prohibición del alcohol. El descontento provocado por estas medidas empujó a amplios sectores de la población indígena a organizarse en una forma de comités de autodefensa denominados Rondas Campesinas y expulsar a Sendero de amplias zonas rurales.

En lo que se refiere a la estrategia militar, la guerrilla y el terrorismo fueron dos concepciones bajo las que se manifestaron visiones distintas sobre la mejor forma de derrotar a las autoridades estatales.[iv][4] Con la práctica de la guerrilla, se pretendía compensar la inferioridad de los insurgentes a través de fórmulas de guerra irregular en las que sólo se hacía frente al adversario cuando el triunfo estaba prácticamente garantizado y se rehuía el combate siempre que las condiciones no eran las óptimas. El desarrollo de esta forma de lucha mantuvo, al menos, tres rasgos distintivos. Por un lado, el uso de la violencia gozaba de un carácter instrumental, es decir, estaba dirigido a alcanzar ciertos objetivos físicos (la destrucción de una unidad militar, la ocupación de una posición, etc.). Además, la lucha guerrillera tenía una clara dimensión territorial en la medida en que estaba dirigida a ocupar un espacio que luego sería utilizado como base de operaciones para iniciar el asalto de otro nuevo fragmento del territorio adversario. Por último, el objetivo de la guerrilla siempre era acrecentar su capacidad militar hasta ser capaz de tomar el poder por la fuerza de las armas. En lo que respecta al terrorismo, este tipo de estrategia violenta se situaba fuera de la lógica militar clásica en la medida en que no tenía por finalidad afectar a los recursos físicos del adversario para defenderse sino a sus reflejos psicológicos. De hecho, los rasgos principales de la actividad terrorista la diferenciaban claramente de la guerrilla. Para empezar, las acciones terroristas no tenían por finalidad última la destrucción del objetivo escogido. Más bien servían como instrumentos comunicadores de una coacción, una advertencia de que una colectividad debía alterar un cierto tipo de comunicación o prepararse para recibir un nuevo castigo. Por otra parte, el terrorista no buscaba la ocupación de un territorio sino que intentaba apoderarse del máximo espacio informativo posible entre las autoridades y la opinión pública con el fin de que la abrumadora presencia psicológica de sus actos hiciese inevitable ceder a sus exigencias. Finalmente, el terrorismo no pretendía lograr una victoria militar sobre las fuerzas gubernamentales. Su apuesta estratégica era otra. Esperaba que la combinación de atentados cada vez más contundentes y reacciones desproporcionadas del lado de las autoridades generasen una espiral de caos que debilitase la legitimidad del estado. El objetivo último era provocar el colapso del gobierno y crear las condiciones para una insurrección general. Así pues, el terrorismo buscaba derrotar al gobierno políticamente en lugar de militarmente.

Los grupos armados latinoamericanos practicaron ambas estrategias. Algunos desarrollaron básicamente acciones con una orientación guerrillera como el todavía activo Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Otros, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) uruguayo, mantuvieron una práctica exclusivamente terrorista. Muchas organizaciones, como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Venezuela, tuvieron una estrategia ambivalente con actividades de uno y otro tipo apoyándose mutuamente en el esfuerzo por debilitar a las autoridades y crear las condiciones para tomar el poder. Finalmente, hubo grupos que fracasaron en los intentos de organizar un foco guerrillero viable y derivaron hacia un activismo cada vez más exclusivamente terrorista. Éste fue el caso del Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru (MRTA) peruano.

Cualquiera que fuese la estrategia escogida, terrorismo o guerrilla, los movimientos armados latinoamericanos durante la Guerra Fría disfrutaron de una capacidad militar fuertemente limitada. Salvo contadas excepciones, las guerrillas nunca llegaron a disponer de recursos bélicos para plantear un desafío estratégico a las fuerzas gubernamentales. De hecho, habitualmente, cuando las autoridades utilizaron todo su potencial militar contra los grupos insurgentes, éstos fueron arrinconados en zonas remotas de la geografía nacional o sencillamente destruidos. Los rebeldes demostraron en numerosas ocasiones notables carencias tácticas que se manifestaron en sus dificultades para ejecutar operaciones complejas. Éste fue el caso, por ejemplo, de los focos constituidos por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Perú que fueron rápidamente desmantelados por las fuerzas de Lima. En un entorno urbano, lo mismo se puede decir de los Montoneros, cuyas primeras operaciones demostraron una completa falta de experiencia sobre las reglas de la acción armada clandestina. Desde luego, el nivel técnico fue mejorando con el paso del tiempo a medida que los militantes revolucionarios acumulaban experiencia y participaban en cursillos de entrenamiento en Cuba. En cualquier caso, este proceso de sofisticación militar corrió paralelo a la mejora de las capacidades de contrainsurgencia de las fuerzas armadas latinoamericanas gracias a los programas de entrenamiento y asistencia técnica desarrollados por EE.UU. En consecuencia, el diferencial de capacidad bélica entre guerrillas y fuerzas de seguridad permaneció constante e incluso se amplió a favor de las autoridades.

La distancia entre los insurgentes y el estado fue aún más notoria en el caso del acceso a armamento. No se trataba únicamente de que los ejércitos regulares dispusiesen de medios de combate de mayor envergadura (helicópteros, aviones, vehículos blindados, etc.). Además, el acceso de las organizaciones armadas al equipo que necesitaban para desarrollar sus operaciones de corte guerrillero o terrorista (armamento ligero, explosivos, comunicaciones, etc.) resultaba escaso. Un vistazo al arsenal a disposición de Sendero Luminoso a principios en febrero 1990 revela que la organización, por entonces considerada una de las más poderosas del continente, disponía de menos de 300 armas de guerra (fusiles de asalto y subfusiles), cerca de 500 carabinas y 235 revólveres y pistolas automáticas[v][5]. Ciertamente, algunas organizaciones consiguieron un nivel de equipamiento muy superior, pero a condición de contar con el respaldo de un gobierno extranjero. De hecho, el robo de armas a las fuerzas de seguridad no era suficiente para satisfacer las necesidades de equipamiento de los grupos rebeldes. Por otra parte, ni el mercado negro podía suministrar amas en cantidad suficiente como para sostener de forma estable operaciones insurgentes de envergadura, ni la mayoría de los líderes guerrilleros gozaban de un acceso fácil a los grandes traficantes de armas clandestinos. En consecuencia, había que recurrir a gobiernos ideológicamente cercanos para asegurarse un apoyo logístico imprescindible. En este sentido, La Habana desempeñó un papel clave como canal de suministro de armamento a una larga lista de movimientos armados latinoamericanos que incluyó desde las FALN venezolanas en los años 60 hasta el FPMR chileno en los 80. Junto con Cuba, aunque de forma mucho más coyuntural, otros gobiernos de la región también ofrecieron su respaldo a algunas organizaciones armadas. Basta recordar el crítico apoyo proporcionado por Venezuela a los Sandinistas en su lucha para derribar a Somoza. En cualquier caso, en la mayor parte de los casos, los suministros de armamento por parte de estados afines pudieron incrementar sustancialmente la capacidad operativa de las guerrillas; pero casi nunca no fueron capaces de alterar el balance estratégico entre el gobierno y los rebeldes. De hecho, por ejemplo, la llegada de importantes partidas de armas procedentes de Cuba al M-19 colombiano incrementó sustancialmente la capacidad de este grupo para asestar golpes de envergadura a las fuerzas de Bogotá, pero no alteró radicalmente el equilibrio militar entre esta organización y el estado[vi][6]. Además, la aguda dependencia logística de estados extranjeros resultó ser una considerable vulnerabilidad para la capacidad de maniobra político-militar de las guerrillas. Los gobiernos podían cambiar de política o ser presionados por otros gobiernos para que cancelasen su respaldo a un determinado proceso revolucionario. En tal caso, el resultado era una reducción de los suministros bélicos y una rápida caída en la capacidad bélica de los insurgentes. Así sucedió a finales de 1989, cuando EE.UU. presionó la URSS para que redujese el flujo de armamento que alcanzaba a la guerrilla salvadoreña a través de Cuba[vii][7].

Dentro de este panorama de pobreza militar, las contadas victorias de la guerrilla se explican, sobre todo, por la extraordinaria debilidad de los regímenes y las fuerzas armadas a que se enfrentaron. El triunfo castrista en Cuba puso de relieve más la ineptitud de las fuerzas del presidente Batista que las habilidades tácticas de los rebeldes de Sierra Maestra. El ejército de La Habana mostró una notable falta de cohesión interna y demostró un absoluto desconocimiento de las técnicas antiguerrilla más básicas. Paralelamente, el gobierno se enfrentó a un amplísimo descontento social y un creciente aislamiento internacional, especialmente tras la ruptura con EE.UU. La consecuencia fue el súbito derrumbe de la capacidad militar gubernamental que obligó a Batista a abandonar la isla. El caso de Nicaragua es muy similar al de Cuba aunque con algunas matizaciones importantes. De hecho, la Guardia Nacional nicaragüense disfrutaba de un cierto grado de profesionalidad y un extenso entrenamiento en contrainsurgencia que le convertía en una fuerza superior al ineficaz ejército de Batista.[viii][8] Sin embargo, una serie de variables militares y políticas debilitaron la capacidad de resistencia del somocismo. De modo muy similar al caso cubano, la politización de la Guardia, su enorme impopularidad entre los sectores populares y sus divisiones internas socavaron su capacidad para enfrentarse a la guerrilla del FSLN. Paralelamente, el personalismo y la corrupción de la dictadura empujaron a la oposición a la práctica totalidad de la población nicaragüense. A estos factores se añadió la ruptura del régimen con Washington que desmoralizó a los escasos partidarios de Somoza en el interior del país. Por el contrario, el FSLN disfrutó de un notable apoyo por parte de Cuba y algunos países latinoamericanos. En cualquier caso, al margen de este respaldo internacional, fueron las propias debilidades del estado nicaragüense y sus fuerzas armadas las que abrieron la puerta a una victoria de la insurgencia. Paradójicamente, la excepción a la baja capacidad militar de los grupos armados del continente se debe de buscar en una organización que no consiguió conquistar el poder por la fuerza: el FMLN salvadoreño. Pese a que fue contenido en el campo de batalla, se puede afirmar que esta guerrilla alcanzó un grado de sofisticación militar sin punto de comparación con otros movimientos homólogos[ix][9]. Los guerrilleros salvadoreños demostraron una excepcional capacidad para coordinar operaciones a nivel nacional y mejoraron paulatinamente sus tácticas con un incremento de la movilidad de sus unidades y un inteligente uso de fuerzas especiales. Además, incorporaron a sus acciones armas que nunca antes habían sido alineadas por otras guerrillas como misiles tierra-aire portátiles. Todo ello, al mismo tiempo que mantenían la capacidad de supervivencia de sus fuerzas en un teatro crecientemente hostil debido a las continuas mejoras en inteligencia, movilidad y potencia fuego que Washington introdujo en el desempeño operativo de las fuerzas armadas de El Salvador.

En cualquier caso, pese a las excepciones, se puede afirmar que los grupos armados latinoamericanos desarrollaron durante la Guerra Fría un patrón de comportamiento definido por una serie de rasgos básicos. En términos políticos, se configuraron como organizaciones fuertemente ideologizadas de modo que sus estrategias se elaboraban sobre la base de rígidos principios doctrinales y contaban con poco margen para adaptarse a cambios en el entorno. En términos militares, fueron formaciones que mantenían un bajo desempeño operativo en comparación con las fuerzas de seguridad estatales así como una aguda dependencia del respaldo de estados extranjeros para satisfacer sus demandas logísticas. La evolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha modificado sustancialmente algunos rasgos básicos de este modelo. Para ello, este grupo se apoyó en las experiencias acumuladas durante su larga trayectoria histórica y en la ventana de oportunidad creada por el escenario internacional emergente tras el fin de la Guerra Fría. Sobre estas bases, durante los años 90, las FARC realizaron una profunda y compleja transición estratégica. El resultado ha sido una organización insurgente de nueva planta con una amplia flexibilidad política, un sofisticado comportamiento bélico y una creciente autonomía logística. Estos rasgos han reforzado su capacidad de supervivencia y han ampliado sus posibilidades de desafiar al gobierno de Bogotá en términos estratégicos.

El primer cambio sustancial de las FARC ha sido su abandono de la ortodoxia marxista-leninista y su sustitución por un envoltorio ideológico mucho menos rígido, etiquetado como “bolivariano”. Bajo esta denominación se han incluido una serie de propuestas que combinan nacionalismo e izquierdismo; pero que deja al margen objetivos máximos como el establecimiento de un socialismo de corte clásico. Éste es el talante de buena parte de los planteamientos políticos, económicos y sociales con que las FARC han acudido a las conversaciones que mantienen con el gobierno del presidente Pastrana desde noviembre de 1998. En este sentido se puede entender la demanda de que se construya un amplio sistema de protección social para las clases populares o la exigencia de una amplia reforma agraria[x][10]. En cualquier caso, la evolución ideológica de las FARC no debe ser entendida únicamente como un cambio en el contenido de sus exigencias programáticas. En realidad, lo que ha sucedido ha sido una transformación de la naturaleza de su competencia con el estado. Tradicionalmente, las guerrillas se habían enfrentado con los gobiernos latinoamericanos sobre la base de criterios ideológicos que consideraban a las autoridades un poder con un origen ilegítimo en función de que actuaban a favor de los intereses de una oligarquía y en contra de la mayoría del pueblo. Las FARC no se han desecho formalmente de este discurso; pero han enfatizado las críticas al gobierno por su ineficacia para abordar los grandes problemas del país (desigualdad social, delincuencia, etc.) mientras se han presentado cada vez más con una alternativa creíble para un “buen gobierno”. De alguna forma, la guerrilla colombiana ha pasado de criticar la legitimidad de origen del estado a poner en cuestión su legitimidad funcional. Esta transformación política se ha manifestado en varios aspectos de la orientación estratégica de la organización. Así, a lo largo de la década de los 90, las FARC han otorgado una especial relevancia a ganar cuotas de poder en el nivel municipal del estado, donde resulta más visible su papel como gestor[xi][11]. Al mismo tiempo, la guerrilla ha multiplicado su capacidad para prestar servicios a la población en el campo de la sanidad, la educación, el orden público, etc. Desde luego, las guerrillas han apostado tradicionalmente por presentarse como una alternativa de gobierno más justa y eficaz y configurarse como un poder “paraestatal” proveedor de servicios sociales. Dos iniciativas que resultaban críticas en sus esfuerzos para ganar respaldo popular. De cualquier forma, en la mayor parte de los casos, las fórmulas a través de las que se prestaban los servicios y las propuestas para la construcción de un nuevo gobierno estaban elaboradas a partir de unos criterios ideológicos más o menos estrechos que chocaban con la cultura política de buena parte de población. Esto restaba flexibilidad al grupo armado para adaptarse a las condiciones del entorno donde operaba y ganar el respaldo de amplias coaliciones sociales. Lo que diferencia a las FARC es que esta búsqueda del “buen gobierno” ha ocupado el primer plano de sus planteamientos políticos colocando al margen cualquier dogma que prometa el logro de una utopía y abriendo paso a una estrategia puramente pragmática de acceso al poder.

Esta mutación desde una acción político-militar de “finalidad ideológica” hacia otra en la que se presenta como un “gestor público alternativo” ha sido decisiva para garantizar la supervivencia de las FARC como organización. De hecho, con el cambio, los insurgentes han podido superar la crisis creada por el hundimiento del bloque del Este. En realidad, se han colocado al margen de la crisis del comunismo en la medida en que su nuevo discurso político no propone transformar el estado de acuerdo con ciertos patrones ideológicos sino más bien construir uno nuevo que sea, sencillamente, más eficaz. Pero además, esta apuesta por configurarse como un “gestor público alternativo” ha incrementado el atractivo político de su mensaje. No es probable que haya un excesivo porcentaje de colombianos dispuestos a apoyar el desarrollo de un experimento socialista. Pero si se tienen en cuenta los antecedentes de fragilidad e ineficiencia del estado andino, es probable que sectores notables de la población -particularmente, en las zonas rurales más desatendidas por la administración- vean un cambio radical en la cúpula dominante del país como una opción aceptable. De hecho, esta alternativa puede resultar particularmente atractiva si se tiene en cuenta que no implica una implantación de modelos sociales o económicos rígidamente ideológicos sino un programa de cambios dirigidos en teoría únicamente a buscar un “buen gobierno”.

La facilidad con que la guerrilla colombiana se ha desprendido de sus ropajes marxista-leninistas se ha visto favorecida por sus propios orígenes históricos que anteceden a la revolución castrista y la oleada de movimientos armados izquierdistas que la siguieron. De hecho, para rastrear sus orígenes es necesario remontarse a las largas luchas civiles entre conservadores y liberales que marcaron toda la vida republicana de Colombia hasta culminar en el periodo de La Violencia (1946-53). Durante esos años, la lucha entre las bandas armadas de los dos partidos degeneró en una espiral de enfrentamientos que barrió las débiles estructuras estatales de amplias zonas de país andino. Las víctimas de atentados y matanzas sumaron unas 180.000 vidas. En este contexto de anarquía, en 1949, el Partido Comunista de Colombia (PCC) puso en práctica una política conocida como de “Autodefensa de Masas” cuyo objetivo era organizar a los campesinos en bastiones autónomos para defenderse del estado de violencia generalizada y, en particular, de las partidas armadas conservadoras. Fruto de esta estrategia fue la aparición de una cadena de santuarios como El Pato, Río Chiquito, Sumapaz o la más famosa Marquetalia que llegaron a ser conocidos como las “Repúblicas Independientes”. En cualquier caso, la composición política de estos enclaves terminó siendo muy diversa. Con sus efectivos muy disminuidos, el PCC lideró la formación de estas entidades, pero tuvo que recurrir a cuadros y militantes del Partido Liberal para construir las estructuras de autogobierno. Además, el caos existente en toda Colombia empujó a un aluvión de campesinos a trasladarse hacia unas áreas que resultaban relativamente seguras. Entre los desplazados había comunistas y liberales, pero también protestantes, católicos e incluso conservadores.

Las “Repúblicas Independientes” desaparecieron entre 1958 y 1965, víctimas de una combinación de promesas gubernamentales de amnistía y una cadena de intervenciones militares. Sin embargo, los insurgentes desalojados de estos enclaves mantuvieron su actividad militar y se reagruparon políticamente a través de una serie de encuentros de debate político. En septiembre de 1964, los distintos grupos armados decidieron formar una laxa alianza denominada Bloque Sur de Guerrilla. Año y medio después, esta coalición guerrillera se transformó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de ese momento, las FARC y el PCC se comportaron como dos organizaciones distintas que mantenían algunos vínculos; pero que conservaban autonomía propia y mantenían notables discrepancias políticas. De hecho, el Partido Comunista mantuvo una fuerte ambigüedad sobre la lucha armada. Por un lado, calificó a las FARC como su brazo militar. Pero al mismo tiempo, se negó a apoyar formalmente el desarrollo de un proceso de insurrección armada en la medida en que consideraba que no existían las condiciones idóneas para su triunfo. De hecho, el PCC nunca abandonó la competición electoral legal. A mediados de los años 80, la iniciativa de diálogo del presidente Betancour con las FARC creó un nuevo escenario político que facilitó la convergencia entre guerrilleros y comunistas. Ambos grupos constituyeron una coalición bajo la denominación de Unión Patriótica (UP) como parte del proceso destinado a permitir que la organización insurgente se sumara a la actividad política legal y abandonara las armas. Sin embargo, una intensa campaña de terrorismo de extrema derecha diezmó a los militantes de la UP e impidió su participación en la competición electoral en condiciones de mínima normalidad. Como consecuencia, el proceso de paz naufragó definitivamente. La guerrilla retornó a la actividad militar mientras el Partido Comunista se mantenía vinculado a la UP y participaba en la vida política legal. En estas circunstancias, las relaciones entre ambas organizaciones retornaron a la ambigüedad y la distancia que las había caracterizado en periodos anteriores. En cualquier caso, a lo largo de la década de los 90, la propia dinámica de la violencia multiplicó la influencia y el protagonismo de las FARC mientras los resultados electorales del PCC-UP mantenían estancados. De esta forma, la relación de fuerzas entre el partido y el movimiento armado se invirtió definitivamente a favor de este último.

Sobre la base de esta trayectoria, las FARC se encontraron en unas condiciones favorables para evolucionar hacia un mensaje político pragmático por varias razones. Para empezar, su nacimiento en el contexto de las Repúblicas Independientes inclinó el comportamiento de la organización más en la dirección de comportarse como una estructura paraestatal que como un grupo que pretendía promover una determinada ideología a través de la lucha armada. De hecho, las Repúblicas Independientes se configuraron como enclaves destinados a sustituir a un estado que no existía. Desde estos antecedentes era más sencillo evolucionar hacia una guerrilla con una baja carga ideológica y con una oferta de “buen gobierno”. Un giro mucho más difícil si se intentaba desde planteamientos políticos de extremo dogmatismo. Al mismo tiempo, este proceso de desideologización fue favorecido por la heterogeneidad política que caracterizó desde sus orígenes las bases políticas de las FARC. Una diversidad que hizo mucho más tenue el compromiso con los planteamientos marxistas-leninistas y facilitó los avances hacia un programa con fuertes dosis de pragmatismo. En este sentido, la distancia de las FARC con respecto al PCC hizo la adaptación más sencilla en la medida en que el control ideológico del partido sólo tenía un peso muy relativo sobre la organización armada.

La estrategia de las FARC para configurarse como una alternativa de gobierno dio otro paso significativo tras lograr que el gobierno del presidente Pastrana aceptase crear una “zona de despeje” como marco geográfico para el desarrollo de las actuales conversaciones. La aceptación de esta demanda ha permitido a la guerrilla afirmar su control sobre un área de 25.000 kilómetros cuadrados en torno a la localidad de San Vicente del Caguan. De este modo, con casi cuatro décadas de diferencia, las FARC han creado un escenario estratégico en el interior de Colombia muy similar al que existió durante el periodo de las Repúblicas Independientes. Con ello, en términos militares, los rebeldes han obtenido una privilegiada base de operaciones en el centro del país. Pero además, esta concesión ha tenido consecuencias políticas claves. Para empezar, las FARC han obtenido “de facto” el reconocimiento de su carácter de poder soberano en la medida en que el gobierno de Bogotá les aceptó como única autoridad reconocida en el territorio desmilitarizado. Además, la “zona de despeje” se ha convertido en un escaparate desde donde mostrar el proyecto de gobierno alternativo presentado por los insurgentes a la opinión pública de dentro y fuera de Colombia. El resultado ha sido una afirmación de las FARC como poder paraestatal.

Desde el punto de vista del comportamiento bélico, la transición estratégica de las FARC ha desembocado en un incremento exponencial de sus capacidades militares. Visto en perspectiva, este grupo armado había evolucionado paulatinamente hacia operaciones de mayor tamaño y complejidad. Así, en 1973, el grupo alcanzó, por primera vez, el nivel de crecimiento en militancia y el grado de sofisticación táctica para coordinar la actuación de hasta 50 combatientes en el desarrollo de una sola operación. Cinco años más tarde, en marzo de 1978, el mando insurgente llegó a concentrar hasta 150 guerrilleros en una única acción. La operación tuvo un carácter excepcional; pero marcó un nuevo techo operativo de la organización. En cualquier caso, este lento incremento en la capacidad militar dio muestras de una súbita aceleración en abril de 1996. En esa fecha, la organización armada llegó a coordinar el despliegue de 400 combatientes pertenecientes a cinco frentes y una compañía de fuerzas especiales en el asalto a una base del ejército en Las Delicias, departamento de Putumayo[xii][12]. Esta operación, que luego sería seguida por incursiones de similares características, demostró que el mando de las FARC había incrementado sustancialmente la sofisticación de los procedimientos tácticos.

El incremento de la capacidad militar de las FARC se materializó en varias innovaciones concretas. Para empezar, perfeccionó sustancialmente el sistema de mando y control de las fuerzas sobre el terreno hasta poder integrar con precisión la acción conjunta de unidades diversas. En parte, esta renovada capacidad de coordinación fue producto del ascenso dentro de los escalones de la organización de una nueva generación de cuadros más profesionalizados, bastantes de los cuales se habían beneficiado de cursos de formación militar en el antiguo bloque soviético. Además, la introducción de nuevos equipos de comunicaciones facilitó notablemente la tarea de mover las fuerzas sobre el teatro de operaciones de forma ordenada. Una segunda novedad militar de las FARC fue la tendencia a constituir categorías de fuerzas especiales destinadas a cumplir misiones concretas. En particular, se hizo visible el empleo de unidades de zapadores especializadas en operaciones de demolición y asalto a posiciones fortificadas. Ciertamente, había antecedentes en el empleo de fuerzas especiales por las guerrillas latinoamericanas. Sin embargo, los zapadores de las FARC demostraron una capacidad técnica poco común. Por último, la guerrilla colombiana utilizó en sus operaciones una gama de armamento de apoyo de una cantidad y una calidad completamente infrecuente entre los movimientos revolucionarios del continente. Entre este material, se incluyeron morteros, lanzacohetes y ametralladoras de apoyo. Además, sin llegar a ser utilizados en combate, llegó a ser conocido que disponían de una cierta cantidad de misiles tierra-aire portátiles así como algunos helicópteros y aviones de ala fija utilizados en tareas de apoyo. Si se exceptúa el caso del FMLN salvadoreño, ninguna fuerza insurgente latinoamericana había realizado operaciones de envergadura comparable contando con un arsenal de esta importancia.

En cualquier caso, el rasgo diferencial de las FARC ha sido que ha desarrollado esta maquinaria bélica como un actor independiente, sin contar con un patrocinio relevante de estados extranjeros. De hecho, esta guerrilla ha conseguido autonomía en tres aspectos decisivos que le proporcionaron una cadena logística libre de dependencias. Para empezar, ha logrado alcanzar una completa capacidad de autofinanciación. Desde luego, el origen de este sostenimiento económico se encuentra en la vinculación de las FARC al narcotráfico. En términos generales, los insurgentes no han entrado en la venta de estupefacientes, entendiendo por ésta el traslado de los narcóticos a sus mercados en Europa y EE.UU. Este segmento del negocio de la droga ha continuado en manos de grupos especializados de delincuentes comunes. Por contra, los rebeldes han asumido el papel de un poder paraestatal en las zonas de producción de narcóticos. De hecho, han proporcionado a los campesinos y traficantes involucrados en el negocio servicios básicos como el ejercicio de la justicia, el mantenimiento del orden y la defensa contra las operaciones del ejército y la policía. A cambio, las FARC han recogido tributos en la forma de un porcentaje sobre el valor de la droga producida y exportada. Desde luego, algunos comandantes regionales de la guerrilla se han involucrado más en el narcotráfico con el establecimiento de sus propios laboratorios para la sintetizar droga de forma autónoma. Pero en términos generales, el rendimiento del narcotráfico para los insurgentes ha venido mucho más de los pagos por protección que de la producción de estupefacientes en sí misma. De hecho este negocio ha resultado suficientemente importante como para que la guerrilla asigne en torno a un 20 por 100 de sus efectivos a tareas de protección en las áreas de cultivo y producción de estupefacientes. En total, según estimaciones de las fuerzas de seguridad de Bogotá, los ingresos totales de las FARC habrían alcanzado en 1998 la suma de 285 millones de dólares. De ellos, 136 habrían venido directamente del cobro de servicios a narcotraficantes mientras que el resto se dividiría entre el producto de los secuestros, los robos y el “impuesto revolucionario” cobrado a propietarios agrícolas, empresarios y profesionales. En cualquier caso, resulta particularmente importante que, del total de fondos recaudados, los gastos de operaciones de las FARC sólo consumen en torno a un 15 por 100 mientras que el resto de los fondos se destinarían a la adquisición de material o a inversiones en la economía legal. Ninguna organización armada latinoamericana ha disfrutado de una capacidad financiera semejante[xiii][13].

Un segundo aspecto en el que las FARC han alcanzado una amplia autonomía ha sido en el acceso a suministros bélicos. En este sentido, la guerrilla se ha beneficiado de la expansión del mercado negro de armamentos. En este contexto, los insurgentes han recurrido a dos fuentes particularmente importantes de material de guerra. Por un lado, se han beneficiado de los excedentes de equipo militar resultantes de los procesos de desmovilización de las guerrillas centroamericanas. En este sentido, las relaciones de las FARC con sectores radicales del sandinismo o antiguos militantes del FMLN salvadoreño han resultado críticos para acceder a estos “stocks” de equipo militar. Así, por ejemplo, a través de estos circuitos los insurgentes colombianos podrían haber adquirido un paquete sustancial de misiles tierra-aire de fabricación soviética[xiv][14]. Por otra parte, la guerrilla ha accedido a los arsenales de la antigua URSS a través de contactos con sectores de la mafia rusa que se han infiltrado en Colombia con el fin de adquirir narcóticos para satisfacer el creciente mercado de estupefacientes de los estados del antiguo bloque soviético[xv][15]. En este tipo de operaciones, los narcotraficantes colombianos han jugado un papel relevante como intermediarios entre sus protectores locales de las FARC y sus compradores exteriores de la antigua Unión Soviética. El resultado ha sido trueques de armas por drogas que han venido a reforzar los arsenales de los insurgentes. De hecho, se ha detectado el envío de armas de origen ruso por vía aérea con destino a los guerrilleros. Por último, un tercer aspecto en el que los insurgentes colombianos han conseguido una notable independencia ha sido a la hora de acceder a formación técnica y asesoramiento con el fin de incrementar la sofisticación de sus operaciones. En este sentido, las relaciones de las FARC con otros grupos armados han jugado un papel esencial. De hecho, la enorme similitud entre las tácticas desarrolladas en los últimos años por las FARC y aquéllas utilizadas por el FMLN durante la guerra civil salvadoreña han confirmado la sospecha de que los guerrilleros colombianos han recurrido al asesoramiento directo de antiguos revolucionarios centroamericanos a la hora de mejorar sus capacidades militares. Del mismo modo, se ha detectado la llegada de miembros del Ejército Rojo Japonés (ERJ) a Colombia con el fin de proporcionar formación a las FARC sobre cierto tipo de operaciones de terrorismo urbano[xvi][16]. Este tipo de redes ha jugado un papel relevante a la hora de permitir ampliar a las FARC su repertorio de tácticas. Como consecuencia de esta independencia logística, las FARC se han convertido en una organización con una enorme impermeabilidad a las presiones internacionales. Sus recursos financieros y militares no dependen de socios estatales que puedan ser influidos a través de canales diplomáticos convencionales para conseguir que retiren su apoyo. En consecuencia, disponen de un amplio margen de maniobra político y militar.

En cualquier caso, la autonomía logística y la gran descentralización de la organización se han combinado para crear algunos problemas de cohesión a la guerrilla. Las FARC se estructuran en torno a tres niveles jerárquicos. En la base de la pirámide se encuentran los frentes que son la unidad táctica elemental con unos efectivos de entre 150 y 200 hombres. Los frentes se agrupan en bloques cuya cúpula de mando cuenta con ciertos efectivos de protección y mantiene el control directo sobre algunas unidades especiales. Un bloque es responsable de las operaciones en una determinada región y puede reunir en torno a unos 2.000 hombres. Finalmente, en la cúspide de la organización, se encuentra un estado mayor central protegido por un perímetro de seguridad de unos 2.000 hombres además de un contingente de fuerzas especiales en reserva. Como respaldo a esta estructura militar, las FARC cuentan con contingentes de milicias populares que operan como elementos de apoyo y fuerzas de reserva en las zonas urbanas.

El problema de esta estructura es que las órdenes y los recursos fluyen en direcciones opuestas. Evidentemente, la definición de las grandes directrices estratégicas y las decisiones sobre operaciones de envergadura son tomadas por el estado mayor que las transmite a los bloques y, de ahí, pasan a los frentes. Sin embargo, los recursos económicos son recolectados desde la base de la organización. De hecho, en la mayoría de los casos, son los frentes quienes reúnen los tributos de los narcotraficantes o los rescates de los secuestros. Parte de estos fondos son destinados al mantenimiento de la unidad que los ha recogido mientras que una parte son entregados a los escalones superiores (bloques y estado mayor) para ser invertidos en la caja común de la organización. Igualmente, cuando se trata de realizar una acción militar de grandes dimensiones, los bloques aportan efectivos al estado mayor para que éste pueda reunir un volumen de fuerzas suficiente como para alcanzar el objetivo que se propone. La elevada descentralización resulta muy efectiva desde un punto de vista estratégico en la medida en que aumenta la flexibilidad de la organización. Sin embargo, también es cierto que este sistema de funcionamiento facilita notablemente las escisiones. De hecho, si un comandante de frente o bloque no está de acuerdo con alguna decisión de sus superiores, puede preferir apropiarse de la totalidad de los fondos recaudados por su unidad en lugar de entregárselos a sus mandos. De este modo, puede conseguir con extraordinaria facilidad medios para independizarse. En un país como Colombia con una fragmentación política y social elevada y dentro de un organización como las FARC con una débil cohesión ideológica, este tipo de rupturas son una posibilidad cierta. Hasta el momento, dos factores han contribuido a evitar una desintegración general del movimiento. Por un lado, el fuerte liderazgo carismático de su líder, Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Pérez, o “Tirofijo”, que ha permanecido al frente de la organización desde su creación en los años 60. Por otro, una fuerte inversión en comunicaciones fiables que garantizan la llegada de las órdenes a los distintos escalones de la organización dispersos por la accidentada geografía colombiana. En cualquier caso, la desaparición de Marulanda o el incremento de las tensiones políticas en el seno de la guerrilla podrían tener un efecto muy disgregador sobre la estructura de las FARC.

En cualquier caso, a la vista del éxito del nuevo modelo de insurgencia ensayado por las FARC, la pregunta más evidente es si esta experiencia de lucha armada puede repetirse en otros escenarios de América Latina. Desde luego, este movimiento guerrillero tiene una trayectoria histórica excepcional y, en consecuencia, resulta poco verosímil que otros grupos violentos tengan la misma facilidad para desideologizarse y presentar su oferta política como una alternativa de gobierno eficaz opuesta a una administración tradicionalmente débil y corrupta. Sin embargo, otra serie de factores abren una ventana de oportunidad para que, en determinados escenarios del continente americano, reaparezcan fenómenos de violencia política. Para empezar, la incapacidad de ciertos estados para integrar la totalidad de su población y territorio de forma coherente crea espacios vacíos que pueden ser aprovechados por grupos armados para constituirse en poderes paraestatales. Al mismo tiempo, el desarrollo del negocio del narcotráfico en ciertas regiones crea una fuente de financiación independiente para aquellas organizaciones extremistas que se inclinen por la práctica de la violencia. Por último, la facilidad para acceder a redes de actores no estatales capaces de suministrar material bélico y asesoramiento militar multiplica las oportunidades de guerrilleros y terroristas para reforzar su potencial de lucha armada. En escenarios donde estos tres factores confluyen, existen posibilidades significativas de que una organización violenta nazca y se perpetúe hasta configurarse como un factor con una notable capacidad de desestabilización.

Román D. Ortiz

Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa en América Latina del Instituto Ortega y Gasset y profesor de Seguridad en América Latina del Instituto General Gutiérrez Mellado.