Hemos visto en los temas anteriores que las políticas ambientales requieren la estimación de la función daño para establecer el nivel óptimo de contaminación. En realidad los modelos vistos hasta ahora son modelos elementales de análisis coste beneficio (ACB), puesto que toman en consideración los beneficios privados y los costes, los de producción y los ambientales.
A partir de ahora, al considerar proyectos públicos que pueden tener impacto ambiental y también beneficios ambientales nos veremos forzados a ser más comprehensivos. El análisis coste beneficio (ACB) trata de hacer el cómputo de todos los costes y beneficios sociales asociados a un proyecto público. Sin embargo, frecuentemente algunos de estos costes o beneficios ambientales tienen una muy difícil valoración, como suele se el caso de los beneficios de la preservación ambiental o de los costes de la destrucción de activos ambientales. Por el momento, sólo entraremos en la acotación de esos valores.
Una vez realizado el cómputo de todos los costes y beneficios sociales se está en condiciones de determinar el nivel óptimo del proyecto. En los modelos ya estudiados ese nivel óptimo del proyecto tiene como trasunto el nivel óptimo de producción o de contaminación.
Pero cuando no se está en condiciones de realizar una valoración de todos los costes y beneficios sociales no es posible determinar el nivel óptimo del proyecto. Deberemos conformarnos con buscar el coste-efectividad ya que no podemos conseguir la eficiencia. En nuestros modelos elementales estaríamos, por ejemplo ante un caso en el que no podamos estimar una función mínimamente aceptable. A pesar de todo, como vimos, trataríamos de ser coste-efectivos, por ejemplo buscando la equimarginalidad. El nivel del proyecto se fijaría de forma arbitraria. El estándar ambiental no haría relación al NOC.
Para el propósito de este tema valoración ambiental significa valoración monetaria. La razón por la que se usa el dinero como baremo a la hora de medir es que todos expresamos día a día nuestras preferencias en esos términos: al comprar bienes indicamos nuestra disposición a pagar (DAP). Nuestra DAP es reflejo de nuestra preferencias. De ese modo la base de la medida de los beneficios (costes) es lo que la gente quiere. Los beneficios ambientales no se suelen generar en los mercados; no suelen reflejarse en precios de mercado. Nuestro trabajo consistirá en determinar la DAP sin contar con los precios, pero esta disposición a pagar debe hacerse, como decimos, en términos monetarios, para que todos los bienes, ambientales o no sean comparables.
Los costes ambientales también deben medirse en términos monetarios por la disposición a ser compensados (DAC) De modo que la valoración de los costes se apoya también en las preferencias individuales.
Las preferencias individuales son un elemento básico en valoración ambiental, pero no son el único elemento. Veremos que el valor económico total de un activo ambiental puede tomar en consideración otras fuentes de valoración. En particular el valor existencia o valor intrínseco, que está más próximo al geocentrismo que al antropocentrismo.
La diferencia empírica que se observa entre DAP y DAC ha sido objeto de controversia y es una de los argumentos a favor del principio de precaución.
Lectura recomendada para el conjunto todo el tema: FIELD, B. C. y FIELD, M. K. (2003), cap. 6, 7 y 8
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Para este apartado conviene seguir especialmente: PEARCE. D. W. Y TURNER, R. K. (1995), pp.163-173
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