LA CONFLUENCIA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
THE CONVERGENCE BETWEEN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MANAGEMENT AND LAND-USE PLANNING: THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS
Gloria FERNÁNDEZ GARCÍA
Resumen
En este trabajo se aborda la problemática en torno a la conservación arqueológica en la actualidad y su inclusión en las medidas de protección del Medio Ambiente, especialmente en las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Un repaso a dos contextos del mundo occidental, donde esta problemática se acentúa, EE.UU. y Europa, muestra la trayectoria que ha seguido la protección del Patrimonio Arqueológico vinculada a diferentes ideologías predominantes, así como la diferente forma en que ha intervenido la disciplina arqueológica cuando sus recursos se han confrontado con otros intereses.
Palabras clave
patrimonio arqueológico, evaluación de impacto ambiental, conservación arqueológica, administración de recursos culturales, planificación territorial.
Abstract
This study deals with the present archaeological conservation issues, and its inclusion within the Environmental protection, especially the Environmental Impact Assessments. A review on two western contexts, USA and Europe, highlights the trajectory that has followed the Archaeological Heritage protection regarding several predominating ideologies. Moreover it shows how the archeological discipline has been involved in, when it has faced up to other interests.
Keywords
archaeological heritage, environmental impact assessments, archaeological conservation, cultural resources management, land-use planning.
1. EL COMPORTAMIENTO DE LAS SOCIEDADES RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE
Uno de los posibles enfoques desde el que la disciplina arqueológica orienta el estudio de las sociedades pasadas, está basado principalmente en el análisis de su componente o variable espacial. La relación que las distintas sociedades han mantenido con su entorno se constituye, por tanto, en la herramienta y el objeto de estudio. Desde esta óptica, el medio o entorno físico se reconoce como un reflejo cultural más con gran carga significativa.
Si analizáramos la sociedad actual desde esta perspectiva, como primera observación, podríamos señalar que su implantación espacial no sólo supera las anteriores, sino que también las anula.
El espacio por tanto, no sólo se reconoce como un reflejo a nivel sincrónico de cada sociedad, sino que al mismo tiempo es un reflejo diacrónico del comportamiento de las sociedades con los elementos que heredan de otras sociedades anteriores. El medio físico se convierte en un contexto en el que diferentes concepciones sociales establecen un diálogo en el que obviamente se impone la voz del presente. Sin embargo, podemos constatar que la actitud hacia el pasado, como parte del sistema social, económico e ideológico de cada sociedad, se ha manifestado de muy diferente manera.
El diálogo que en la actualidad predomina es básicamente unidireccional. Este comportamiento con el Medio Ambiente surge a partir del nuevo modo de vida que determinan el cambio económico y la industrialización. La relación con el medio gira en torno a la explotación cada vez más intensiva de sus bienes, que pasan a considerarse como recursos. Las consecuencias económicas de este hecho motivan el fenómeno llamado “pérdida del sentido del lugar”, que parte de una desvinculación de la sociedad con el entorno natural.
El mismo discurso científico en el que se origina la economía industrial, aporta una visión concreta con el pasado y sus testimonios materiales. Si bien las sociedades anteriores, de campesinos o de cazadores-recolectores, estaban vinculadas a su pasado de forma estrecha, la sociedad industrial se distancia ideológicamente de su pasado en aras de una visión lineal de la Historia que defiende la idea del progreso. Según la lógica del discurso científico, los restos del pasado se explican e integran en la sociedad como un documento que debe ser estudiado, ya que es el reflejo material de las sociedades pasadas.
Esta lógica de la modernidad permite la interpretación de los restos del pasado según ópticas bien diferentes. Por un lado, estas interpretaciones estarán enfocadas con objetivos muy diversos de legitimación del presente. Por otro lado, como resultado del pensamiento científico, surgen todas las ciencias actuales entre las que se encuentran precisamente la Historia y la Arqueología, ámbito en el que se enmarca el presente trabajo.
La situación en la que la arqueología, como ciencia que estudia los restos del pasado, se encuentra en la actualidad, queda por tanto retratada de la siguiente manera: el estudio de los restos materiales de sociedades pasadas que forman parte de un medio físico cuya integridad está puesta en entredicho por el comportamiento espacial de carácter expansivo de la sociedad actual.
Esta coyuntura ha generado un clima de preocupación y debate a nivel internacional, de la que han resultado la creación de diversas normativas sobre protección ambiental así como otras sobre la conservación de los restos del pasado.
La arqueología se ha desarrollado como una disciplina más o menos comprometida con la sociedad en la que se encuentra inmersa. Si bien ha nacido dentro del ámbito de la Academia, las diferentes situaciones por las que atraviesa su objeto de estudio llaman la atención sobre otras problemáticas que la arqueología debe afrontar en el ámbito social. El trabajo que a continuación se expone trata fundamentalmente sobre los pasos que desde la arqueología se han orientado en este sentido. La motivación para estos trabajos en arqueología no siempre ha sido la misma, así como tampoco la perspectiva desde la cual se ha afrontado. En el desarrollo de nuestra investigación se intenta discernir cuáles han sido las intenciones y motivaciones que han llevado a la interacción de la disciplina con su medio social. Es decir, desde qué orientación teórica y metodológica de la disciplina y con qué concepto sobre la función de la disciplina en la sociedad.
La implicación de la arqueología en la preservación o protección de los restos del pasado, implica la entrada en un ámbito diferente al de la Academia en la que nació. En este nuevo escenario, la arqueología interactúa con una serie de agentes e instituciones que participan en la problemática que implica el desarrollo espacial de la sociedad, es decir, la construcción de infraestructuras.
La encrucijada en la que se encuentran los restos materiales del pasado en el contexto socioeconómico actual, plantea asimismo nuevos retos para la disciplina arqueológica y la administración del Patrimonio Arqueológico sobre los que pretendemos aproximarnos en las siguientes páginas.
Los escenarios geográficos donde esta problemática sobre el trato del Medio Ambiente y el Patrimonio Arqueológico se acentúa son América del Norte y Europa Occidental. Ambos contextos presentan un interés especial, en primer lugar por reflejar concepciones diferentes sobre el pasado, y en segundo lugar, porque los modelos socioeconómicos de dichos ámbitos se han extendido hacia el resto del globo y, al mismo tiempo que transmitían su sistema de pensamiento, han transmitido la problemática sobre la gestión del medio en la que entran en juego los restos del pasado y su protección.
2. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES EN EE.UU (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)
En Estados Unidos, a finales de la década de los 60, surge una nueva idea sobre el tratamiento y la comprensión del Patrimonio Arqueológico (en adelante PA) que parte de su inclusión dentro de las decisiones políticas sobre territorio y medioambiente. Este hecho se da como consecuencia de dos factores: el desarrollo de nuevas teorías arqueológicas y la situación social y administrativa que se origina en el sistema económico actual.
En la disciplina arqueológica la irrupción de la Nueva Arqueología abre un horizonte de posibilidades al reemplazar el objeto de estudio de la Arqueología Tradicional, el análisis de la forma y los objetos, por el concepto de “registro arqueológico”. Este cambio se apoya sobre la construcción de una nueva teoría arqueológica cuya metodología se basa en la búsqueda del rigor científico y el desarrollo de la interdisciplinariedad al compartir áreas de conocimiento con la geología por ejemplo. Estas ideas van a confluir con los nuevos procedimientos para la protección del PA, de forma que entran ambas en un proceso de retroalimentación entre las teorías y herramientas aportadas por la disciplina arqueológica y la nueva preocupación medioambiental.
Las bases teóricas para llevar a cabo la nueva administración del PA dentro del planeamiento territorial, se van conformando en la práctica llevada a cabo por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Arizona en sus intervenciones en obras de grandes infraestructuras durante los años 70. Estos arqueólogos (SCHIFFER y GUMMERMAN 1977), suscriptores del procesualismo, una de las tendencias de la Nueva Arqueología, marcaron la línea de actuación de acuerdo con el contexto ideológico de la comunidad científica (LLAVORI DI MICHEO 1998: 313).
La inclusión legal de la administración del patrimonio o, según la terminología norteamericana Cultural Resource Management (CRM), dentro de la política ambiental, es el resultado de un proceso en el que participan el sector académico y el sector público, entendido este último como la intervención del gobierno en arqueología. En EE.UU. la implicación de las instituciones públicas en la protección del legado material del pasado surge desde la formación de la nación. El primer ejemplo de esta actitud se manifiesta en la protección de la tumba de Washington y su entorno, el Mount Vernon en 1853, porque representa un personaje histórico clave en la formación de la nación norteamericana (NEUMANN y SANFORD 2001:6). El interés que se muestra desde el poder en EE.UU. por los restos del pasado responde a la necesidad de crear un discurso que legitime la consolidación de una nación que surge del colonialismo y de la consecuente imposición sobre la población indígena, a quien pertenece todo el registro arqueológico hasta la llegada de los colonos. Las siguientes medidas para la protección de los restos del pasado como evidencias de acontecimientos históricos amplían el campo de interés hacia las ruinas prehistóricas o cualquier otro tipo de antigüedad, con la Antiquities Act en 1889. Esta línea se consolida más adelante con la Historic Site Act de 1935 según la cual deben protegerse todos los elementos con national significance, es decir, importancia nacional.
El siguiente paso del gobierno surge en el contexto de las medidas proteccionistas adoptadas por Roosevelt para impulsar la economía del país después de la crisis del 29, que se basaban en el New Deal, dentro del cual se desarrolló la Work Progress Administration (WPA), con el objetivo de promover áreas de trabajo donde había mayor desempleo, ámbito en el que entraba la arqueología. De esta forma aumentan las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo como una profesión más con apoyo estatal.
Esta trayectoria de implicación estatal en la protección de los restos del pasado, junto con el crecimiento de la Academia un 40% entre los años 50 y 60, según cifras de Neumann et al. (2001: 9), favorece una situación de alianza entre ambos en este ámbito. Entre los años 70 y 80 las reivindicaciones del movimiento ecologista se orientan hacia la conservación del medio ambiente y sus recursos. Este hecho añade al teórico compromiso estatal con el medio ambiente el sector destinatario de sus políticas, es decir, el resto de los ciudadanos para quienes se proyecta el disfrute de sus medidas. Del mismo modo, desde el ámbito profesional se promueve la apertura hacia el público y se toma conciencia de la necesidad de educar a la población en el respeto de su entorno. Esta concienciación se desarrolla paralelamente y en consecuencia de la progresiva industrialización del país que aumenta a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto tiene lugar la inclusión legal por parte de la administración del patrimonio dentro de la política ambiental. Comienza con la Federal Aid Highway Act de 1959, Ley federal de Autovías, según la cual deben tenerse en cuenta en el planeamiento todos los daños posibles sobre el medio ambiente a consecuencia de la obra para poder corregirlos o mitigarlos. Sigue la Reservoir Salvage Act de 1960, en la que se recomienda la conservación de los restos del pasado a través de su tratamiento (Ibíd.). Ambas medidas prevén la recogida de datos antes de ciertos tipos de alteración o destrucción mediante la investigación científica, idea que surge dentro del ámbito académico tras la Segunda Guerra Mundial, así como el uso de fondos públicos para llevar a cabo este cometido.
La National Historic Protection Act (NHPA) de 1966 y la National Environmental Policy Act (NEPA) de 1969 establecen el marco legal para la protección de los recursos arqueológicos desde el sector público y dentro de las políticas de medio ambiente y obras públicas. Si bien la NHPA regula la protección de los paisajes y bienes culturales ante la construcción de nuevas infraestructuras en la Section 106, la NEPA organiza esta protección dentro de la política ambiental, que debe ocuparse tanto de los recursos naturales como de los culturales, entre los que se clasifican los recursos arqueológicos. En la NEPA se establece que todos “los proyectos de desarrollo deben incorporar medidas para evaluar, mitigar o corregir los efectos nocivos que causarán las obras públicas en el medio ambiente biótico y abiótico” (LLAVORI DI MICHEO 1998: 313). Este es el origen de las Environmental Assesments (EA), Evaluaciones Ambientales, dentro de las cuales están las Environmental Impact Assessments o Evaluaciones de Impacto Ambiental (en adelante EIA) (NEUMAN y SANFORD 2001: 33-36). La NEPA exige compromisos estatales para proteger la calidad ambiental. Por este motivo, a estas medidas le siguen otras como la Protection and Enhacement of the Cultural Environment de Nixon en 1971, para situar, inventariar y denominar todos los bienes culturales en el National Register of Historic Places. Más adelante, la Archaeological and Historical Preservation Act de 1974 y la Archaeological Resource Protection Act de 1979 actúan en contra del expolio de materiales arqueológicos (Ibíd.: 1-30). El marco conceptual que se crea para la protección de los restos culturales del pasado es el Cultural Resource Management o Gestión de los Recursos Culturales (en adelante GRC).
Desde estas posiciones se asume que el Medio Ambiente es un ámbito con múltiples recursos, tanto naturales como culturales, y su gestión debe realizarse de acuerdo con las decisiones del ámbito de las ciencias sociales y naturales, según se define en la NEPA. Esta línea de actuación dota a los yacimientos arqueológicos de un sentido equiparable al resto de elementos naturales del medio ambiente. Ambos son vulnerables a la intervención humana, ya que los convierte en recursos finitos y no renovables, al ponerlos en peligro de desaparición.
La GRC consiste en la administración de manera adecuada y profesional de estos recursos según sus características y sus necesidades específicas. Al igual que el resto de los recursos no renovables, su explotación puede poner en peligro su existencia. Es por ello que se hace necesaria una gestión profesional. La proyección espacial de los recursos arqueológicos, es decir, su vinculación material al espacio en el que se encuentran, entra en confrontación con otro tipo de intereses espaciales ligados a proyectos de construcción de infraestructuras. En esta coyuntura los recursos arqueológicos pueden ser gestionados de diferentes maneras que exploraremos a lo largo del trabajo. Si bien la legislación norteamericana y la GRC establecen la analogía entre los recursos arqueológicos y el resto de los recursos del medio ambiente, la gestión de estos en una situación que amenace su existencia, seguirá diferentes caminos de acuerdo con las teorías arqueológicas que sustenten las actuaciones.
En la conservación de los recursos arqueológicos se hace necesaria la intervención de expertos, es decir, profesionales en materia arqueológica para llevar a cabo este trabajo. Este hecho ha dado lugar a la normalización de la práctica arqueológica y “la conformación de un marco profesional basado en la investigación arqueológica” (NEUMAN y SANFORD 2001: 1-30). En la literatura arqueológica anglosajona esta rama ha recibido el nombre de contract archaeology, private-sector archaeology o public archaeology, que entendemos por arqueología profesional o arqueología aplicada. En el contexto estadounidense incluso llega a considerarse que “la arqueología es una disciplina completa para el mantenimiento y expansión de la infraestructura nacional” (Ibíd.: 1).
La idea de la arqueología aplicada surge entre los años 60 y finales de los 70, a partir de la buena relación entre la Academia y el mundo laboral y el compromiso social de los investigadores, con el apoyo de la legislación que se ha comentado anteriormente.
Este modelo sufre una crisis hacia los años 80 por la reducción de las subvenciones y el aumento de investigadores (Ibíd.: 27). En el ámbito académico el objetivo se orienta hacia lo que denominaremos “investigación básica” y no la relación de la disciplina con la problemática concreta de su ámbito contemporáneo. En las dos últimas décadas en EE.UU. comienza a resurgir el interés por la rama aplicada de la arqueología como una vía para dar respuesta a cuestiones sociales como el cambio cultural.
La consideración del espacio, el paisaje y el entorno para el estudio de la sociedad, es otro aliciente para la búsqueda de una mejor integración entre la práctica de la arqueología y la investigación académica. Desde esta perspectiva, las comunidades humanas se consideran sistemas ecológicos, cuyo entorno es parte de las mismas, tanto en las sociedades pasadas como en las actuales. La idea clave es que los recursos culturales pierden su significado al desvincularse de su medio, porque su característica específica es que unen los sistemas culturales del pasado y del presente a contextos geográficos concretos. Por tanto, como defiende Knudson (2001: 267-290), el uso del medio ambiente debe hacerse de acuerdo con criterios científicos, que tengan en cuenta las decisiones de las ciencias sociales y naturales. Esta línea de actuación retoma la idea de la NEPA sobre el medio ambiente. El principal problema que la arqueología debe afrontar es el conflicto espacial que se crea en el medio ambiente por los intereses contrapuestos que genera la explotación actual del medio y la vinculación espacial de los recursos culturales a su entorno. Desde este punto de vista, la GRC se entiende como la función social de conservar toda la información y las experiencias inherentes a los Recursos Culturales, entendidos como elementos adscritos a un lugar, a un espacio que deben conservarse in situ (Ibíd.).
Hemos visto cómo el Estado respalda y promueve la conservación de los restos del pasado. La GRC conlleva la idea de que la administración de los recursos arqueológicos (KNUDSON 2000) es la función social de dotarlos de sentido para su inclusión dentro de las redes sociales, económicas y medio ambientales. En este caso, se pone de manifiesto una vez más que la “idea de proteger el patrimonio arqueológico está íntimamente unida a diferentes ideologías políticas” (TRIGGER 1992). El registro arqueológico pasa a organizarse como un bien público de acuerdo con la filosofía de las primeras leyes sobre yacimientos arqueológicos en EE.UU., bajo lo que subyace una ideología nacionalista. En la Historic Sites Act de 1935 se promulga la protección de los lugares, edificios y objetos con significado histórico-nacional para su uso por el pueblo de EE.UU., lo que vuelve a repetirse en la National Historic Preservation Act de 1966 (KNUDSON 2000: 268). Por otro lado, los medios para llevar a cabo esta gestión a partir de la NEPA utilizan un lenguaje economicista al introducir el término de “recurso”. Por tanto, la GRC en EE.UU. queda vinculada por medio de la legislación a los intereses de la ideología dominante que pasa del nacionalismo a la lógica de la economía de mercado del capitalismo.
3. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL CONTEXTO EUROPEO
La trayectoria histórica que ha seguido la disciplina arqueológica en Europa ha definido en ésta unas características que marcan la diferencia respecto al desarrollo en otros contextos geográficos como el caso estadounidense que se ha analizado anteriormente. Estas diferencias radican tanto en la terminología utilizada fruto de otra perspectiva sobre el pasado, como en el tipo de restos materiales o en el contexto socioeconómico en el que se ha producido. En cuanto a la vinculación de la arqueología con el medio ambiente en Europa, la relación que se establece tiene, en cierto modo, la misma base que en el caso estadounidense, ya que es consecuencia de procesos históricos comunes como la industrialización. Por tanto, las líneas de actuación en cuanto a la protección del patrimonio seguirán caminos basados en la tradición arqueológica propia del contexto, pero en respuesta a problemáticas comunes.
Hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, los hallazgos ocasionales de restos del pasado o “antigüedades” generalmente pasaban a formar parte de las colecciones de los monarcas que instituían así el “Tesoro Real”. Este hecho se establece de modo oficial por primera vez en 1666 con la Swedish Royal Proclamation, en la que se declaran propiedad de la corona sueca todos los objetos antiguos (CLEERE 1989: 1). Las antigüedades, monumentos y demás objetos del pasado eran utilizados por las monarquías europeas para legitimar su poder. Es por esto que la protección y conservación de dichos elementos cobra sentido político. En este caso la ideología política que subyace a la protección del pasado en Europa es el nacionalismo.
Hacia finales del siglo XIX comienza a legislarse la protección de los monumentos antiguos en los diferentes Estados europeos, a pesar de que esta protección era llevada a cabo por cargos ajenos a la disciplina arqueológica. Oficiales del ejército, amateurs o profesores de la universidad eran quienes se encargaban de dirigir las “excavaciones” y de clasificar los materiales arqueológicos. El elemento novedoso que introducen estas nuevas leyes es que estas “antigüedades” pasaban de considerarse de propiedad privada (bienes pertenecientes a colecciones de la corona o de particulares notables) a propiedad estatal; es decir, un bien público.
El proceso histórico que marca un cambio en la trayectoria de la protección de los restos del pasado es la industrialización. Las consecuencias de la instauración del nuevo modo de vida repercuten en las perspectivas de análisis sobre el pasado. Se produce la vinculación de la arqueología con el resto de elementos puestos en peligro por la expansión de la industrialización. Como afirma Kristiansen (1989: 23) “el desarrollo de la arqueología y la protección del patrimonio estaban vinculados a la transformación de la sociedad europea estática, con una economía agraria y mercantil, a la sociedad moderna industrializada [...] cuyas consecuencias dieron lugar a una destrucción de paisajes y monumentos sin precedentes”. Tanto los elementos naturales como los culturales que formaban parte de los paisajes de la era pre-industrial, se recogen dentro del término de Patrimonio, ya que ambas partes constituyen el legado del pasado. El nuevo término, Patrimonio, que designa monumentos, sitios culturales, ruinas y demás, tiene unas connotaciones contrapuestas a las que tuvo en el Antiguo Régimen, ya que este legado no se vincula a la legitimación de un determinado poder dominante, sino que se presenta como el testigo de la Historia de los pueblos. En este caso el cambio económico conlleva un cambio ideológico y una nueva perspectiva sobre el pasado que se basa en la idea de éste como Patrimonio. La palabra Patrimonio refleja el significado que los restos materiales del pasado van adquiriendo para el pueblo como elementos transmisores de su propia historia.
El contexto concreto en el que surge la nueva concepción del Patrimonio es la problemática de su propia conservación. En este contexto la arqueología es la encargada de recoger y proteger este testimonio material de la memoria histórica de los pueblos. De esta forma el concepto de Patrimonio entendido como bien cultural, histórico o arqueológico, se ha asentado en la literatura arqueológica europea, como en EE.UU. lo ha hecho el término “recursos culturales”.
Los efectos de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto se refiere a destrucción de monumentos, ciudades y demás lugares históricos, y esta nueva perspectiva sobre el pasado, se reflejan en la inclusión del patrimonio histórico en los planeamientos sociales y económicos de ”reconstrucción” en Europa. En esta coyuntura surgen los conceptos de rescue y salvage (rescate y salvamento) como formas de intervenir sobre el patrimonio destruido o afectado (CLEERE 1989: 2).
A pesar de la ya avanzada ola de destrucción del patrimonio que se inicia con la modernidad y la conciencia de preocupación que se manifiesta durante la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo económico que predomina en Europa a partir de los años 50 y 60, reincide en nuevas destrucciones del medio ambiente, ya que este despertar económico estaba basado en una explotación más intensa de los recursos naturales. El patrimonio arqueológico se vio dañado materialmente por la construcción de grandes infraestructuras que no contemplaban ninguna medida de protección del mismo, así como por el aumento del expolio que estas actividades favorecían y los efectos del nuevo turismo de masas en la degradación del patrimonio arqueológico (Ibíd.).
La reacción de la opinión pública ante la destrucción del medio ambiente se reflejó en protestas contra estos efectos del sistema sobre el entorno natural y urbano y reivindicaciones que derivaron en la formación del movimiento ecologista. Esta alarma consiguió situar la preocupación ambiental como un tema de prioridad internacional que se implantó con fuerza en Europa. Las bases sobre las que actuarán los gobiernos de los países europeos son las que se establecieron en la conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente en Helsinki en 1972, para mitigar los impactos causados por las construcciones. En esta fecha EE.UU. ya había desarrollado medidas en esta línea de protección, y en el ámbito europeo Dinamarca se alzó como país puntero en la protección de su patrimonio.
En este contexto es en el que se ha desarrollado la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como un instrumento de política ambiental que se reconoce en tratados internacionales como un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de los daños ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. El principio de actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a las legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como privados, de toma de decisiones entonces existentes.
La EIA se introduce en Europa a nivel comunitario mediante la Directiva 85/337/CEE de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente (DOCE 175/L de 5 de julio). Con base a este texto se elabora la Directiva 97/11/CE por la que se modifica la Directiva anterior (DOCE 73/L de 14 marzo). La última medida que modifica el texto inicial es la Directiva 2003/35/CE en la que se incide en la participación del sector público en este proceso. En complemento a estos textos se elabora la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 197/L de 21 de julio) en la que se especifican los procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental.
La EIA se introduce en Europa a nivel comunitario mediante la Directiva 85/337/CEE de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente (DOCE 175/L de 5 de julio). Con base a este texto se elabora la Directiva 97/11/CE por la que se modifica la Directiva anterior (DOCE 73/L de 14 marzo). La última medida que modifica el texto inicial es la Directiva 2003/35/CE en la que se incide en la participación del sector público en este proceso. En complemento a estos textos se elabora la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 197/L de 21 de julio) en la que se especifican los procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental.
En cuanto a las iniciativas específicas sobre el patrimonio cultural, fueron recogidas en la creación del ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), asociación no gubernamental que recoge la preocupación sobre la protección del patrimonio arquitectónico e histórico de otras reuniones internacionales como la Conferencia de Atenas (1931) y se funda en el II Congreso Internacional de Arquitectos y técnicos de monumentos históricos a propuesta de la UNESCO en la declaración de la Conferencia, más conocida como la Carta de Venecia.
En esta coyuntura concreta en la que el patrimonio arqueológico consigue una serie de medidas legales para apoyar su protección desde las instituciones, la disciplina arqueológica paradójicamente no será la que se ocupe profesionalmente de este nuevo campo de actuación. Si bien en EE.UU., gracias al CRM, surge la arqueología profesional en la que la Academia se compromete con los problemas actuales, según Cleere (1989: 4), en Europa “los trámites arqueológicos formaban parte de rutinas burocráticas inapropiadas para finales de siglo XX”. Mientras tanto, las prioridades de la academia se orientaban hacia la búsqueda del rigor científico y la objetividad por la influencia de la Nueva Arqueología. Es por ello que se “intenta de nuevo separar la arqueología de la ideología política y de la realidad histórica escogiendo como su objetivo la explicación de leyes culturales universales independientemente de la historia y la geografía, es decir, el tiempo y el espacio en el que esta interpretación se produjera. Con este hecho, simplemente se transfieren los problemas reales de la arqueología a otras manos, que comúnmente han sido Museos o (con suerte) gestores de patrimonio” (Kristiansen, 1989: 24). Como vemos, las cuestiones teóricas se priorizan sobre la práctica arqueológica, lo que conlleva el descuido del aprendizaje de la misma. En ese ámbito es en el que predomina el “aprender haciendo” (DAVIS 1989: 275-279) como sistema de formar arqueólogos más común en los años 80 en Europa.
Se puede afirmar a partir de estos hechos, que la arqueología como disciplina académica y la gestión de su objeto de estudio, es decir, del patrimonio arqueológico, no se desarrolla en Europa ni con el mismo ritmo ni hacia el mismo objetivo. Resulta común encontrar en la literatura arqueológica actual afirmaciones de este tipo: “la falsa oposición entre arqueología de investigación y arqueología de gestión” (HERNANDO 1992: 12; CERDEÑO et al. 1995: 36), que hacen referencia a la separación de la gestión del patrimonio arqueológico, que ha dado en llamarse “arqueología de gestión” o “arqueología de intervención”, del resto de la disciplina arqueológica. Es decir, que tradicionalmente se ha separado la investigación básica de la investigación aplicada. Sin embargo en la actualidad se manifiesta cierta intención de superar esta dicotomía en la práctica, ya que la disciplina arqueológica como tal, como ciencia, puede desarrollarse en su rama básica de investigación y en su rama aplicada, la que pone en práctica los conocimientos adquiridos. En este ámbito surge actualmente el debate sobre quién o qué sector debe ocuparse de la protección del patrimonio arqueológico.
El ámbito que se ha hecho eco de la problemática actual por la que atraviesa el patrimonio arqueológico es el de la conservación y restauración de monumentos y demás conjuntos arquitectónicos, y está representado por el ICOMOS (BIÖRNSTAD 1989: 70-75). Dentro de esta institución, surge el interés específico por los restos arqueológicos, lo que llevó a la creación del International Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM) en 1985, como un espacio donde intercambiar experiencias sobre gestión de patrimonio arqueológico y que está basado en la “Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas” elaboradas en la reunión de la UNESCO en 1956 en Nueva Delhi. Aparte de establecer una serie de criterios para las recomposiciones y restauraciones de monumentos y condenar el expolio de objetos antiguos y el tráfico ilegal de los mismos, afirma que la investigación es una vía de recuperación. Para que esta recuperación pueda considerarse como tal se deben tener en cuenta criterios como los que se establecen en los artículos 6 y 7 de la resolución de dicha reunión, en los que se defiende que la recuperación de los conjuntos arquitectónicos y arqueológicos está asociada a la conservación de las condiciones ambientales en las que se encuentran, así como al ambiente cultural e histórico en el que se desenvuelve.
La problemática a la que se enfrentan estas recomendaciones y que al mismo tiempo hace necesaria su práctica es la explotación del medio ambiente a gran escala y los cambios de uso de suelo que se han mencionado. Este hecho puede solucionarse según Biörnstad (1989: 70-75) al incluir las indicaciones de los arqueólogos en la toma de decisiones políticas y administrativas para la ordenación del territorio. El primer simposio celebrado por el ICAHM bajo el título de “Archeology and Society: large-scale rescue operations, posibilities and problems” (1989) se centra en las actividades arqueológicas de rescate en obras de grandes infraestructuras como gaseoductos, autovías y otros proyectos en extensión. En este encuentro se sacan a la luz las deficiencias de los planeamientos de muchas infraestructuras y la necesidad de combinar las estrategias de los arqueólogos con las de las autoridades nacionales y los intereses del público (Ibíd.). Desde el Grupo de Gestión y Secretariado del ICAHM durante el bienio 1986-1988, liderado por los países nórdicos, se incide en la necesidad de llevar el debate sobre el patrimonio arqueológico a las instituciones políticas internacionales y a la opinión pública como estrategia para la conservación.
A partir de estos reglamentos y recomendaciones europeas e internacionales, el tratamiento y la conservación del PA en los distintos países europeos muestra gran diversidad, en sintonía con las diferentes tendencias políticas y modelos económicos que dominan en cada ámbito. Concretamente, el caso de la protección del PA afectado por el desarrollo y la construcción de infraestructuras ha seguido rumbos diferentes en función tanto del empuje económico del país, como de la economía en que se tenga que adaptar la defensa del PA. Las políticas sobre usos de suelo en medio urbano y las políticas ambientales en medio rural, son los condicionantes esenciales para desarrollo de la protección de los elementos arqueológicos.
4. CONCLUSIÓN
La invasión del medio ambiente, la explotación de forma ilimitada de sus recursos y el comportamiento displicente hacia los restos de nuestro pasado, no sólo perjudican al ámbito del conocimiento y la investigación, sino que también imposibilitan la continuación del sistema socioeconómico en que dicho comportamiento se ha originado. Hasta tal punto la destrucción del entorno limita el desarrollo de la sociedad, que se hace imprescindible la elaboración de medidas para su protección y conservación. La introducción de la EIA en gran parte de los países occidentales, donde la presión sobre el medio es mayor confirma este razonamiento. En este contexto, la defensa de medidas para la protección y la prevención del medio ambiente, se traduce a largo plazo en un ejercicio de mantenimiento del sistema socioeconómico imperante, sin embargo, al mismo tiempo supone la conservación de la base común imprescindible para el desarrollo de cualquier sistema social, el entorno.
La conservación de los recursos culturales o el Patrimonio Arqueológico representa, la protección de la materia prima a partir de la cual es posible la disciplina arqueológica y cuya destrucción conllevaría la desaparición de esta ciencia. La defensa de la preservación de los recursos culturales se realiza desde una perspectiva teórica que comprende la arqueología como un ejercicio de interpretación que parte de los restos materiales del pasado y considera que todos ellos, sin exclusión, son portadores de información y por tanto son significativos.
Indudablemente, la protección y la conservación del Patrimonio Arqueológico es una proyección del concepto que sobre el entorno y sus recursos prevalece en la política de cada sistema económico y social. Sin embargo, el interés especial de la conservación del Patrimonio Arqueológico desde el punto de vista de la disciplina recae en la consideración de todo el registro arqueológico por igual, sin excluir ni resaltar ningún elemento, ya que todos los recursos son significativos. Es por ello que consideramos la inclusión de la conservación del Patrimonio Arqueológico en la planificación territorial de la mano de la disciplina arqueológica. Este planteamiento orienta y abre la puerta de futuras investigaciones enfocadas hacia el estudio de las posibilidades de la conservación arqueológica en los Estudios de Impacto Ambiental.
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