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lssi@elistas.net, 15 Marzo 2003
Por los servicios prestados
Arturo Quirantes Sierra
Hubo un tiempo en que los ciudadanos europeos
podíamos comunicarnos sin que nadie apuntase cuándo nos conectamos, con quién
hablamos, con cargo a qué tarjeta de crédito o mediante qué red. Es decir, la
retención de datos de tráfico no existía. Había una Directiva comunitaria que
regulaba la confidencialidad en las comunicaciones, u que entre otras cosas
prohibía expresamente ese tipo de almacenamiento de datos a gran escala. Esos
datos de tráfico habían de ser borrados enseguida. Así, nadie podría meter las
narices en los hábitos de comunicación de nadie. Eso no significaba que los
criminales pudiesen usar la Red o los móviles impunemente. Pero para
entrometerse en sus comunicaciones tenía que autorizarlo un juez, caso por caso.
Un día, el Parlamento Europeo se reunió para actualizar esa Directiva. Envió el
nuevo borrador a su comisión de libertades y derechos de los ciudadanos
(comisión LIBE) para que lo estudiase. La comisión LIBE, tras una fuerte
discusión interna, decidió mantener la prohibición de almacenar datos de
tráfico, como se venía haciendo hasta entonces. Pero los ministros de justicia
de la UE no querían que se les pusiese cortapisas en ese terreno. Al contrario,
pretendían que todos los datos de tráfico de todas las comunicaciones europeas
se guardasen de forma obligatoria. La Comisión Europea, al principio opuesta a
la retención de datos, acabó plegándose a los mandatos del Consejo de Ministros.
Se creó así un conflicto institucional entre el Parlamento y el Consejo de
Ministros. ¿Cómo se resolvió? Muy sencillo. La presidenta de la comisión LIBE,
en contra del dictamen de su propia comisión, decidió que la idea de la
retención de datos era demasiado buena para que no se llevase a cabo. Así que, a
espaldas de la comisión que presidía, comenzó un cabildeo en el Parlamento
Europeo, hablando con un europarlamentario tras otro para convencerles de que
votasen la estupenda propuesta orwelliana del Consejo de Ministros de Interior.
Lo hizo muy bien, porque en la sesión plenaria correspondiente, el Parlamento
Europeo votó en contra de la recomendación de la comisión LIBE.
Es decir, la retención de datos de tráfico a escala masiva en toda la UE fue
permitida gracias a los esfuerzos de una abnegada europarlamentaria, poco conocida hasta entonces. Poco tiempo después (en
realidad, en cuestión de días), la LSSI sufrió una modificación de última hora
para decretar el almacenamiento obligatorio de datos de tráfico, que si bien no
incluyen la comunicación en sí, constituyen una forma espléndida de obtener el
perfil de la vida de una persona.
Por cierto, no les he dicho el nombre de la europarlamentaria chaquetera, la
cabildera que iba a lo suyo. Se llamaba Ana Palacio. Y
digo se llamaba, porque poco tiempo después fue llamada a Madrid para empresas
más altas. En la actualidad, ocupa el Ministerio de Asuntos Exteriores,
sustituyendo a Josep Piqué, quien a su vez se ocupa del Ministerio que llevará a
cabo la retención de datos a nivel nacional.
Así que, la próxima vez que vean a la ministra Palacio actuar, no sean tan malos
con ella. Tengan en cuenta que no es una profesional de la diplomacia, sino tan
sólo una persona que goza de su recompensa por estar en el lugar adecuado en el
momento oportuno. Roma no paga traidores, pero recompensa a sus judas.
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